El dictamen del Consello Económico e Social (CES) en contra de la Ley de Familia que prepara la Xunta enfrentó ayer a ésta y PP con la oposición, que se sumó a las críticas del organismo. La conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato, defendió el anteproyecto como una norma "pionera e innovadora que defiende los derechos de las mujeres", mientras PSdeG y BNG solicitaron su retirada por fomentar "el modelo familiar de la ultraderecha".
Mato rebatió al CES, que denuncia "carga ideológica" en un una ley "patriarcal" que provocará un retroceso en los derechos de la mujer, aspecto que vincula con el deseo de la Administración de "ahorrar en servicios sociales. La conselleira alegó que en 20 meses su departamento puso en marcha 1.800 plazas en escuelas infantiles, lo que "contradice a todas luces" esas críticas.
Además, negó que fuese una ley regresiva, "sino todo lo contrario", pues "contempla todas las modalidades que existen de familia", en alusión a las familias monoparentales, a las que se refiere la ley.
El CES censura también que se primen el mensaje a favor de las mujeres que decidan ser madres, al tiempo que permite a las embarazadas solicitar ayudas o plazas en guarderías para sus hijos aún no nacidos, equiparándolos a los sí nacidos.
Para la diputada del PPdeG Paula Prado este elemento pretende fomentar la natalidad. Aprovecha, sin embargo, para cargar contra el aborto. "La despenalización se convirtió en un derecho", lamenta antes de recordar que "el PP apuesta por la vida". Y argumenta que la ley evitará "discriminaciones" y permitirá a las embarazadas no quedar fuera de plazo para solicitar plaza en guarderías.
Por su parte, la oposición mostró su rechazo frontal a la futura ley y pidió su retirada. La socialista Beatriz Sestayo se suma a las críticas del CES y considera que la futura Ley de Familia "quiere exportar a Galicia el modelo familiar de la ultraderecha" y "trata de vulnerar la ley del aborto". "Busca que la mujer se quede en casa", indica.
En la misma línea se posicionó la nacionalista Ana Pontón, que anunció que pedirán explicaciones en el Parlamento a la secretaria xeral de Igualdade tras la "contundencia" del CES. La ley, denunció, busca "un paso atrás en los derechos de la mujer a elegir libremente sobre su maternidad" y concibe a la mujer como "cuidadora" para ahorrar.
Más crítica aún se muestra Tereixa Otero, de la Marcha Mundial polas Mulleres, que considera que la Xunta apuesta por un "modelo de sumisión a la mujer" con una ley que "impide el control sobre su maternidad".
