La operación desplegada en A Costa da Morte por un presunto caso de corrupción urbanística no es un hecho aislado en Galicia. Según los últimos datos difundidos por la Fiscalía Superior, hace dos años la justicia gallega tenía abiertas 86 causas contra políticos, entre ellas casos tan sonados como el de Gondomar o el destapado en Castro de Rei, donde el alcalde fue detenido junto a tres concejales por presunta prevaricación y tráfico de influencias.

Éste fue el último caso que saltó a la luz pública. Las detenciones se produjeron hace dos años tras detectarse supuestas irregularidades en la adjudicación de obras del Plan E, que llegaron a salpicar a la Diputación de Lugo.

En la provincia de Pontevedra la Audiencia Provincial dictó el pasado año sentencia por el caso de Gondomar. En este ayuntamiento fueron detenidos en 2007 dos concejales, la novia de uno de ellos y un arquitecto técnico acusados de un delito de cohecho que los relaciona con unos supuestos sobornos a funcionarios por el cobro de comisiones por la concesión de diversas licencias urbanísticas. El caso se saldó con una multa de 675.000 euros a cada uno de los exconcejales.

En Nigrán la Fiscalía también había presentado una denuncia penal contra el alcalde Alfredo Rodríguez y cinco ediles por un supuesto intento de recalificación de doce fincas adquiridas por el presidente del Celta.

La lista de cargos públicos investigados por corrupción incluye también al alcalde de Portas, Roberto Vázquez, acusado de supuesto trato de favor a sus empresas desde el ayuntamiento.

En A Coruña también fueron investigados por irregularidades los municipios de Oleiros y Arteixo. En el primer caso, su alcalde, Ángel García Seoane, fue citado a declarar como imputado en el procedimiento abierto tras una denuncia presentada contra él por la Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

En Arteixo, el ministerio fiscal también estudió la situación creada en el ayuntamiento como consecuencia de las actividades inmobiliarias llevadas a cabo por el anterior alcalde, Manuel Pose, a través de empresas constructoras de las que era propietario y copropietario y que trabajaban para el ayuntamiento.