Era sólo cuestión de tiempo que la polémica en el negocio del viento en Galicia pasara de culebrón político a serial judicial. Por primera vez el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) se pronuncia sobre el concurso eólico impulsado por el bipartito. El recurso presentado por una de las empresas que se quedaron fuera del reparto recibe el respaldo de tres magistrados de la sala de lo contencioso-administrativo, que piden la suspensión cautelar de la resolución de los parques admitidos a trámite en diciembre del año pasado para revisar su legalidad.

Lo cierto es que el proceso ya está paralizado desde la primera semana de agosto, cuando la nueva Xunta decidió cambiar las reglas de juego de la distribución de potencia en la comunidad y sacar una ley para regular el sector. La novedad ahora es que la suspensión se apoya también en los tribunales. El TSXG asume las alegaciones de la sociedad coruñesa Muíños de Vento Galegos, Madorna, pero también "las terceras sociedades afectadas e incluso el propio interés público" para tomar la decisión. Según la resolución, es "cuando menos aconsejable" hasta resolver a fondo el recurso para que no se generen posibles daños y perjuicios "difíciles de reparar" para ambas partes, además de la "responsabilidad en cascada de reclamaciones en cuantías de considerable importe tal vez".

A los jueces no se les pasa por alto el elevado número de reclamaciones administrativas que se presentaron contra el concurso, más de medio centenar, que "da ya idea de la importancia de los intereses económicos en juego". Contra el dictamen del alto tribunal gallego –la suspensión del proceso se aplica a partir de hoy– cabe recurso de súplica en los cinco días siguientes a su remisión, el pasado lunes.

Detrás de la demanda en el contencioso-administrativo del TSXG está José Lorenzo Cotelo, un empresario coruñés ligado a la construcción, pero también con muchos intereses en el negocio de los parques de aerogeneradores. De hecho, al concurso se presentó a través de varias sociedades con las que ya opera en el negocio desde hace años. El grupo Muíños de Vento Galegos –y sus filiales Madornas, Agro dos Mendes, Alto das Valiñas, Outeiro da Xesta, Chao do Ventorrillo, Covas, Santa Marta, Pena Insua y Monte das Labradas– solicitaron en el concurso de la pasada legislatura alrededor de 400 megavatios (MW) para una decena de parques. Uno de los proyectos, para un recinto en Picotiños, se quedó fuera porque, supuestamente, se solapaba con otra instalación que ya estaba en tramitación.

El resto de peticiones de las sociedades de José Lorenzo Cotelo lograron entrar en la subasta, pero sin colarse entre las beneficiarias de los 2.300 MW en juego. La puntuación de los planes, de alrededor de 50 puntos sobre un total de 100, los dejó en la mitad de la lista.

Muíños de Vento Galego está en contra del acuerdo firmado por el anterior equipo de la Consellería de Industria del pasado 26 de diciembre, cuando se dieron a conocer los ganadores del concurso. Una polémica resolución por el plante que las consellerías socialistas del bipartito que debían sentarse a valorar los proyectos –las de Política Territorial y Medio Ambiente– protagonizaron por las dudas que les generaba el proceso tras el aplazamiento en dos ocasiones de la valoración y el poco tiempo del que disponían para analizar las candidaturas. La situación provocó un intenso enfrentamiento entre los socios del Gobierno autonómico y se convirtió también en una de las armas de batalla en la campaña electoral.

A la espera de una decisión parecida están otros dos recursos presentados en el TSXG por las empresas Endesa y Eurus contra el decreto del que salió el controvertido concurso.