En declaraciones a los medios, el portavoz de los populares, José Manuel Figueroa, afirmó que su formación cuando formó el anterior gobierno no tuvo otra opción que la de facilitar los permisos de ocupación porque si no lo hiciera habría prevaricado.También recordó que ningún técnico municipal los alertó a posteriori de las consecuencias.
Figueroa pidió al alcalde de Vigo, Abel Caballero, que "pida perdón" por toda la serie de "infamias" que lleva dicho en los últimos tiempos contra los populares. "Que retire las acusaciones que hemos padecido", subrayó el popular, quien recordó que las primeras licencias en esa parcela fueron dadas por el bipartito formado, en su día, entre nacionalistas y socialistas con el ex alcalde del BNG, Lois Pérez Castrillo, a la cabeza. Los populares exigieron a Caballero que "zanje" de una vez toda polémica referida a Finca do Conde y si tiene algo más que decir que lo haga a sus socios de Gobierno, los nacionalistas.
Por su parte, Caballero volvió a arremeter contra los populares, aseguró que no pedirá perdón, puesto que es el PPdeG el que tiene que explicar a la ciudadanía por qué dieron unas licencias que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia consideran que son ilegales, con lo que supone de agravio económico que conllevaría a la ciudad.
El regidor socialista recordó que será la entrada en vigor del nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) el que permitirá legalizar esa parcela.
Caballero dijo que la última sentencia de Finca do Conde evidencia que los populares, cuando optaron por dar las licencias en la parcela en cuestión, podrían haber decidido no hacerlo.
Asimismo, la portavoz del BNG, María Méndez, recordó que fue
precisamente esa actuación en Finca do Conde el detonante que provocó la ruptura del pacto de Gobierno entre socialistas y nacionalistas a finales de 2003.
En cuanto a la Gerencia de Urbanismo esta fue la primera sesión en la que participó el nuevo concejal de Urbanismo, José Mariño, quién contestó una moción del grupo municipal, que fue rechazada, que pretendía dar luz verde a un total de 130 viviendas de protección oficial.
Mariño dijo, durante la gerencia, que en un corto espacio de tiempo estará en funcionamiento la oficina municipal de vivienda y que será esta la que decida al respecto.
En cambio, los populares lamentaron que el Gobierno local no apoyará la moción porque, según Figueroa, en los ocho meses de Ejecutivo local se crearon "cero vivienda de protección oficial".
Los socialistas argumentaron que el nuevo PGOM vigués ha reservado un 43 por ciento de vivienda protegida.
