La inclusión en el PXOM suspendido de los tres convenios urbanísticos que dieron origen a las imputaciones de José Luis Mosquera y Alejandro Gómez irrita a los vecinos. Así lo demostraron ayer en el salón de plenos. Los gritos de los presentes se centraron en los acuerdos para desarrollar urbanizaciones "a golpe de talonario". "Esos convenios no saldrán adelante", vociferaban los asistentes al tiempo que pedían la dimisión del grupo de gobierno. Uno de los manifestantes incluso aseguraba que recibió presiones desde el ayuntamiento para vender su finca, incluida en uno de los citados convenios.
La urbanización a la que se refería este vecino estaba proyectada en la denominada "finca Clemente", en terrenos de las parroquias de Mañufe y Gondomar. Al parecer, sus promotores no llegaron a pagar las comisiones supuestamente requeridas porque la edificabilidad que finalmente establecía el PXOM no correspondía con lo acordado.
La parcela A Pousa de Fontán, en la parroquia de Mañufe, iba a albergar una urbanización promovida por el empresario vigués Manuel Rodríguez, que actuó como "gancho" en la operación que acabó con las detenciones de los dos ediles.
El tercer complejo urbanístico cuestionado es el situado en el polígono 10, cerca del centro urbano de Gondomar, cuyos promotores tampoco llegaron a abonar la cantidad apalabrada porque el documento suspendido ayer no satisfacía sus expectativas de edificabilidad.
