La Xunta podrá resolver a partir de ahora las expropiaciones forzosas en menos de tres meses. Un jurado autonómico se encargará de fijar el precio dentro de ese plazo, de manera que el pago a los propietarios se agilizará "al máximo" evitando que la Administración acumule "deudas históricas" como la que arrastra desde hace más de diez años de 18,5 millones de euros. El tribunal, que quedó constituido ayer, se encargará de tasar aquellos terrenos que tengan que expropiar ayuntamientos, diputaciones y el propio Gobierno gallego para acometer infraestructuras y obras públicas.

"No quiero acumular más deudas, por eso tenemos que recuperar el crédito ante la ciudadanía", enfatizó ayer el presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño. La complejidad burocrática que conlleva la expropiación de terrenos no sólo ha llegado a retrasar la ejecución de algunas obras sino que aumenta los costes para la Administración pública que se ve obligada a pagar altos intereses por la demora en el pago a los propietarios.

Unos 3.500 ciudadanos están pendientes en la actualidad de que el Gobierno gallego les indemnice por sus fincas, algunas de ellas expropiadas para realizar obras que datan de antes del año 1995.

Una de las causas de estos retrasos es que cuando no existe acuerdo entre Xunta y propietarios sobre el precio de los terrenos el caso se deriva a los jurados provinciales de expropiación -dependientes del Estado- y que también tramitan, por lo tanto, las expropiaciones que acomete la Administración central. La acumulación de expedientes en estos tribunales obligaba a los propietarios a esperar en algunos casos hasta cinco años para conocer la resolución que fijaba el precio de sus fincas y hasta entonces permanecían sin cobrar.

Con la creación del Jurado de Expropiación de Galicia este plazo se reduce a tres meses y a partir de ese momento la Xunta podrá iniciar ya los trámites para liquidar los pagos a los afectados.

Aunque los propietarios pueden recurrir la decisión del jurado autonómico la conselleira de Política Territorial, María José Caride, se mostró partidaria de abonar igualmente la indemnización por los terrenos a los afectados una vez que se fije el precio para evitar pagar intereses.

"Es una llave para desatrancar el problema de las expropiaciones para que el ciudadano tenga una compensación lo más rápido posible", aseguró Caride.

El Jurado de Expropiación de Galicia se constituye como un órgano colegiado independiente que estará presidido por Julia Chamosa Martín. Dentro de este tribunal habrá una sección especializada en suelo urbano, urbanizable y edificación, otra para suelo rústico y una tercera centrada en actividades industriales y económicas.

"Nuestros técnicos tendrán el cometido de establecer cuantías objetivas, justas y dentro de plazo", explicó la presidenta del tribunal.