“La llegada de los talibanes el 15 de agosto fue una noticia desagradable e increíble. En un solo día lo perdí todo, mi trabajo y mi casa”. Desde el hostal madrileño en el que reside a la espera de asilo junto a su marido y sus tres hijos, dos niñas y un niño, menores de edad, la jueza afgana Friba Guraishi, de 39 años, recuerda ese día de hace menos de un año en que dejó de tener esos derechos humanos por los que había luchado durante catorce años en la judicatura.
Cuando los islamistas radicales tomaron el poder en la provincia de Balkh, donde ejercía en el Tribunal Penal de violencia contra la mujer, pasó un mes escondida con su familia aguantando las amenazas de muerte que le llegaban desde cuatro números de teléfono distintos. Al nuevo gobierno no le interesaba tener profesionales formados en la judicatura - “están todos atados a las paredes de sus casas o huyendo para salvar sus vidas” - y menos mujeres impartiendo justicia sobre hombres. En su lugar “nombran jueces entre los miembros de su grupo, sin educación, conocimientos profesionales, formación judicial o incluso las experiencias judiciales más básicas”. “La leyes que aplican son las leyes talibanes, que no protegen los derechos humanos, sino que los vulneran”, relata.
Friba sabía que era primer objetivo de los talibanes por su activismo en favor de los derechos humanos y por su carrera de catorce años en la judicatura de los tribunales de Balckh. Durante seis años -de 2008 a 2016- había sido jueza de familia en un juzgado de primera instancia, entre 2017 y 2020 ejerció en el tribunal de Terrorismo y Delitos contra la seguridad interna y externa, lo que significaba impartir justicia sobre los talibanes y en el momento de la llegada de los radicales al poder juzgaba delitos contra las mujeres . Combinaba su trabajo en los tribunales con cargos en los comisionados para combatir la violencia contra las mujeres y contra la trata de seres humanos, además de asesorar sobre estos temas y dar cursos de formación a abogados.
“Hubiera podido quedarme, pero ahora estaría muerta o encerrada en las paredes de mi casa. O habrían matado a mi familia”
“Los talibanes veían mis audiencias judiciales a través de los medios de comunicación. Sabían perfectamente quien era yo. Las juezas que habíamos juzgado delitos de terrorismo y de violencia de género estábamos gravemente amenazadas. Actualmente, además, persiguen a las que aún se encuentran en Afganistán para afligirles castigos ‘ejemplarizantes’”, explica.
“Hubiera podido quedarme, pero ahora estaría muerta, o habrían matado a mi familia, o estaría silenciada, encerrada en las cuatro paredes de mi casa. En España, al menos puedo proporcionar un futuro y una educación a mis hijos para que sirvan a la sociedad, y dar voz al pueblo de Afganistán para visibilizar la situación en la que se encuentran”, añade.
Tras un mes escondida en Balkh, Friba Guaraishi recibió el apoyo de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas, entidad de la que es miembro, que tras la caída de Afganístán en manos de los talibanes sacó del país a las juezas que pudo. “Mi familia y yo nos vimos involucrados en un proceso de evacuación. Hemos tenido que atravesar muchos obstáculos, pero siendo madre mi mayor preocupación eran mis hijos”, relata.
Con la ayuda mencionada y el apoyo del romanización IBA, Friba y su familia son trasladados a un campo de refugiados de Grecia, donde pasaron cinco meses. “Después de todos los problemas y amenazas, nuestra vida era pacífica y segura”, recuerda. Durante su estancia en el país heleno, recibe una invitación para impartir una conferencia en Madrid sobre la situación de las mujeres afganas. “Tras una entrevista y un proceso especial, conseguí un visado español y me convertí en refugiada aquí”, relata Friba, una de las siete juezas afganas que la Asociación Española de Mujeres Juezas (AMJE) ha conseguida traer a España.
Desde el hostal madrileño donde vive con su familia, reconoce que “la adaptación es complicada, hay muchas cosas difíciles para mí, pero espero que haya un buen futuro para mí y mi familia aquí”. Para conseguir su integración en España, sabe que es fundamental aprender el idioma, de ahí que esté asistiendo junto al resto de su familia a clases online de español que le han facilitado AMJE y la ONG viguesa Hoy por ti y que le imparten como voluntarias unas profesoras de la Escola Oficial de Idiomas de Vigo, que “son encantadoras y tienen mucha paciencia para enseñarnos español”, dice.
Los ocho mil kilómetros de distancia entre Madrid y Kabul no impiden que la jueza esté pendiente de lo que ocurre en su país. “Echo mucho de menos a la hermana de mi madre, mi tía, que fue mi tutora cuando mi madre murió. Es gracias al esfuerzo de ambas y al destino que yo pude ser jueza”. Y se ha propuesto dar voz a sus compatriotas, víctimas del terror talibán y del castigo económico de la comunidad internacional. “En los últimos veinte años, los talibanes fueron objeto de sanciones de la ONU y de Estados Unidos por ser un grupo terrorista que se oponía a la República Islámica de Afganistán. Ahora están en el poder, por lo que esas sanciones se aplican a todo el país, incluida su población. Este doble golpe es muy destructivo para los ciudadanos de a pie que merecen tener una vida pacífica como cualquier ser humano en este mundo. Por un lado, están sometidos a un severo trato injusto por parte de los talibanes, y por otro lado, están sufriendo las deficiencias de las sanciones económicas. El sistema bancario está paralizado, los precios se han disparado y suben cada día. Es una situación muy lamentable e insostenible”, manifiesta.
La situación que atraviesan las mujeres merece una especial atención para Friba Guraishi. “Las niñas tienen prohibido el acceso a la educación desde los doce años. Las mujeres en Afganistán no tienen derechos , ni derecho a la educación, ni derecho al trabajo. No tienen derecho a viajar y no pueden trasladarse sin ir acompañadas por un hombre. Han sido expulsadas del gobierno, no pueden trabajar para el gobierno, son mendigas profesionales. Hay muchas mujeres preparadas que a las que no se les permite trabajar. Pero en cambio sí se les permite y la situación las obliga a hacer colas interminables hasta la medianoche en las panaderías para poder pedir un trozo de pan. Se las está silenciando, se las está invisibilizando”, explica Guraishi.
Para cumplir su misión como afgana exiliada de ser “la voz de un pueblo oprimido”, esta jueza mantiene contacto con sus compatriotas y comparte los problemas que afectan a su dignidad a través de escritos, conferencias y entrevistas a nivel internacional. Considera que debe aprovechar su situación en España para que la comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos expliquen “cómo han dado la espalda al pueblo afgano y lo han dejado en manos de violadores de los derechos humanos, los talibanes”.
“Afganistán fue de los primeros países firmantes de los Derechos del Niño. Ahora los padres venden a sus hijos o sus riñones para la supervivencia de la familia”
“El pueblo de Afganistán está poniendo a prueba su humanidad en este momento de la historia, pero es como si estuviera enterrado en el mundo de la humanidad. Me dirijo a los organizaciones de derechos humanos, ¿para qué ser humano trabajáis?, ¿qué derechos humanos defendéis?, ¿no es el pueblo afgano el ser humano del que habláis”, apela. “La comunidad internacional nos transmite que somos una excepción a esas normas de los derechos humanos”, añade, a la vez que recuerda que Afganistán fue uno de los primeros países islámico firmante de la Declaración de la ONU sobre los Derechos Humanos y el primero en firmar la Convención sobre los Derechos del Niño. “Los padres ofrecen ahora a sus queridos hijos en venta a cambio de una barra de pan o la supervivencia de una familia que perece de inanición y por falta de vivienda. En Afganistán, la venta de niños y niñas y de órganos corporales se ha convertido en un comercio diario en el mercado libre. En las paredes de las calles y en los callejones de las ciudades se anuncian abiertamente la venta de niños y niñas y la venta de riñones. Conozco casos de padres y madres que han llevado a sus hijos e hijas al mercado para venderlos por encontrarse en la indigencia. Además hay lugares en Afganistán donde no está claro la situación de los derechos humanos, pues no hay medios de comunicación, electricidad o internet”.
“Nunca perdonaré a quienes nos impusieron la injusticia a mí y a mi madre”
“Nunca perdonaré a quienes nos impusieron la injusticia; a mí, como huérfana, y a mi madre, que fue casada a los trece años basándose en costumbres y tradiciones absurdas en Afganistán”, afirma tajantemente Friba Guraishi. Con cuatro años se quedo huérfana de padre, que murió martirizado dejando a su madre viuda a los 20 años, con dos hijas y un feto de dos meses en su vientre.
“Con innumerables jornadas de trabajo como costurera, mi madre nos crió a mis dos hermanas menores y a mí lo mejor que pudo”, relata Friba, en quien la joven viuda - “completamente analfabeta, pero muy inteligente e interesada por la educación”- había puesto sus sueños de verla convertida en jueza. “La recuerdo esperándome, detrás de la puerta, en silencio y con los pies desnudos hiciera calor o frío. Tal vez intentaba no hacer ruido y avergonzarme delante de mi compañera de clase, cuyo padre nos daba clases en nuestro barrio durante los primeros Emiratos Talibanes en los que se prohibía a las niñas asistir a la escuela”.
Esa madre luchadora, que escuchaba en silencio las lecciones tras la puerta para luego repasarlas con su hija, falleció cuando Friba estaba en el instituto. Fue entonces cuando su tía, una mujer viuda sin hijos que la cuidaran, se convirtió en su tutora. “Trabajó duro e hizo muchos sacrificios para que yo pudiera terminar la escuela y cumplir los sueños de su difunta hermana. Con innumerables dificultades, me gradué en la universidad y me convertí en juez. Fue mi destino y el apoyo de estas dos bondadosas mujeres, mi difunta madre y mi querida tía, lo que me allanó el camino para llegar a ser juez”.
