Bolaños defiende que el Supremo dicta las mismas sentencias con 25 jueces menos, aunque el tiempo de respuesta se dobla

En plena tramitación de la ley de amnistía en el Senado y con la negociación con el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en un impasse, el ministro Félix Bolaños ha tenido este lunes su primer encuentro con la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo desde que asumió las funciones de Justicia. Sobre la mesa, las 25 bajas que acumulan las diferentes salas del alto tribunal, algo que según el propio Bolaños, "gracias al esfuerzo de los magistrados del Supremo y también a los refuerzos que está decidiendo el ministerio, no se está viendo reflejado en un descenso de los asuntos que salen resueltos".

El optimismo del ministro respecto a las cifras del alto tribunal, que cuenta con 46.758 asuntos pendientes de ser resueltos, la mayor parte de ellos (21.900) en la Sala de lo Civil, fue puesto en entredicho por fuentes del alto tribunal, que señalan que si bien las estadísticas aún no lo reflejan, la realidad es que en los asuntos que entran nuevos se están duplicando los tiempos de respuesta, lo que supone que su resolución haya pasado de uno a dos años.

De hecho, y durante el encuentro, el Supremo solicitó al ministerio un plan de refuerzo extraordinario para paliar la situación creada, con comisiones de servicio anuales y no semestrales, acompañadas de personal administrativo de apoyo y que éste, además, se mantenga cuando al fin se produzca la renovación del Consejo y puedan cubrirse las bajas.

Fuentes de Justicia aseguran que durante el propio encuentro el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes aseguró la renovación por un año, de junio de 2024 a junio de 2025, de los 35 letrados de refuerzo, que suplen las carencias de magistrados fruto de la falta de renovación del CGPJ desde hace 5 años y atienden al incremento de la carga de trabajo existente en los últimos tiempos.

También se renovarán por el mismo plazo los 37 letrados de estructura que actualmente se encuentran en comisión de servicio y se aseguró que el edificio que el Ministerio de Justicia tiene en la cercana calle Génova y que se está renovando sea destinado al Gabinete Técnico del Tribunal.

La reunión es la primera que se produce desde que el presidente del Supremo, Francisco Marín Castán, y Bolaños se reunieran el pasado diciembre, tras un plantón inicial por parte del alto tribunal en plena escalada de tensión por los señalamientos de los partidos independentistas a jueces y magistrados. La razón fue el profundo malestar entre los magistrados por las declaraciones realizadas el día anterior en el Congreso por la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, que pidió cesar y juzgar a los magistrados encargados de causas relacionadas con el 'procés' y llamó directamente "indecentes" al presidente de la Sala de lo Penal del TS, Manuel Marchena, y a sus compañeros Pablo Llarena, Carlos Lesmes y Carmen Lamela.

En esta ocasión, Bolaños ha acudido acompañado de su secretario de Justicia, Manuel Olmedo, y el resto de su equipo directivo. Al otro lado de la mesa, el propio Marín Castán y los otros cuatro presidentes de Sala -Manuel Marchena, Pablo Lucas, Antonio Sempere y Jacobo Barja-, más los cinco magistrados elegidos por sus compañeros -Susana Polo, Antonio del Moral, Ignacio Sancho y Dimitry Berberoff-, el secretario de Gobierno, Tomás Ruano, y el director del Gabinete Técnico, Juan Manuel San Cristóbal.

Cordial y constructiva

A juicio de Bolaños, según ha manifestado a la prensa tras dos horas de reunión, con los refuerzos actuales el Supremo está funcionando "con unas sentencias con una altísima calidad técnica y también en un número muy elevado". Ha calificado la reunión de "cordial y constructiva".

Por su parte, el órgano de gobierno del Tribunal Supremo reclama estímulos económicos y profesionales que hagan de este órgano "un destino atractivo" para letrados y personal funcionario y quue garanticen la estabilidad de la plantilla.

Entre las necesidades más acuciantes se encuentra la de disponer de un equipo propio de personal de Informática que haga posible la asistencia inmediata ante cualquier incidencia, así como la del Ley del Estatuto del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo, pendiente desde el año 2015.