Sánchez acude al 'café para todos' en deuda, Cercanías y competencias para dividir a los barones del PP

El Gobierno está relativizando sus acuerdos de investidura con los soberanistas a través de una suerte de nuevo 'café para todos'. La quita de la deuda comprometida con ERC para Cataluña se extenderá al resto de comunidades autónomas, el traspaso de Rodalies está abierto a que otros territorios pidan asumir las competencias de Cercanías, al igual que la apertura de comisiones mixtas de transferencias, o el modelo de financiación se busca negociar de forma multilateral. Sobre esto último, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, hizo constar en el acta del Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado lunes que "no hay ninguna negociación bilateral con Cataluña" frente a las acusaciones de un trato “singular”.

Un ‘café para todos’ que también busca dividir a los barones del PP. Sobre todo en lo relativo a la jugosa quita de la deuda, pero también respecto al modelo de financiación con diferencias de criterio entre comunidades gobernadas por los populares. Desde Junts incluso han aprovechado esta estrategia para minimizar los compromisos conseguidos por sus rivales de ERC en el acuerdo de investidura con los socialistas. Su portavoz en el Senado, Josep Lluís Cleries, registró una batería de preguntas sobre las declaraciones del ministro de Transportes, Óscar Puente, asegurando que el traspaso de Cercanías pactado con ERC está también abierto al resto de comunidades autónomas. “¿Por qué razones el Gobierno opta por el 'café para todos' en lo que hace referencia al traspaso de Cercanías?”, recogía una de las preguntas.

El presidente andaluz, Juanma Moreno, insistió este jueves en pedir el traspaso de los trenes de Cercanías con un acuerdo que sea exactamente igual que el cerrado con ERC para Cataluña. Según defendió durante la sesión de control en el Parlamento andaluz, "con las mismas condiciones", "con garantías" y "para dotar de eficiencia una gestión que es claramente ineficiente por parte del Gobierno de España, no para blanquear las cesiones al independentismo de España". Asimismo, aprovechó para reclamar que se convoque la comisión mixta de transferencias o una comisión bilateral con Andalucía que dijo estar esperando desde 2021.

La quita de la deuda a Cataluña, criticada desde Génova, genera también diferencias internas en el PP, como ha sugerido la propia ministra de Hacienda. Montero ha asegurado que algunas comunidades gobernadas por el PP se habrían interesado, "de forma directa o indirecta", por conocer "qué cifra calcula Hacienda que les puede corresponder". La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, que ha abanderado las posiciones más reacias, se abría este a apoyar una condonación de la deuda de la Comunidad Valenciana, en sintonía con Carlos Mazón. "No nos van a dividir", advertía.

A falta de establecerse los criterios sobre la quita de la deuda en otras comunidades, desde el Gobierno defienden que “beneficiará a todos los territorios sin excepción”. Con una quita solamente al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), sino también con deuda a terceros.

"Gestión descentralizada"

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ya se abrió “a dialogar" con todas aquellas comunidades autónomas que puedan estar interesadas en la cesión de este servicio. En una entrevista con 'Eldiario.es' incluso ironizó sobre que “si rompe España por ceder Cercanías a Cataluña, no sé si se romperá un poquito más si las cedemos a Andalucía”. Con todo, justificó la apertura del traspaso de Cercanías a otros territorios en aras de profundizar en una “gestión descentralizada”.

Desde el ministerio de Política Territorial que dirige Ángel Víctor Torres también se afanan por contradecir el discurso de los acuerdos de investidura generarán desigualdades territoriales. En esta línea, inciden en que en los últimos cuatro años hubo transferencias a distintas comunidades y que así seguirá sucediendo en función de cada estatuto de autonomía.

En el plano más identitario de los acuerdos de investidura con ERC y Junts o el PNV, como los pasos para el reconocimiento nacional de estos territorios, se apela al marco de la Constitución y la realidad jurídica. El acuerdo con el BNG, de hecho, garantiza que Galicia, como nacionalidad histórica, cuente con el mismo estatus que Cataluña y Euskadi de procederse a una reforma de la estructura del Estado. Se compromete en esta línea el impulso, “a través del diálogo entre partidos e instituciones, las reformas precisas para adecuar la estructura del Estado al reconocimiento de los sentimientos nacionales de pertenencia”. Todo ello, teniendo en cuenta el actual estatus de Galicia, Euskadi y Cataluña “como nacionalidades históricas”.

Debate territorial

El Ejecutivo se comprometió también con el BNG a convocar, antes de finalizar 2023, la Comisión Mixta de Transferencias “para programar la activación de la transferencia de la totalidad de las competencias recogidas en el Estatuto de Autonomía de Galicia, así como de las competencias que habían sido objeto de consenso en el Parlamento de Galicia”. Una cuestión que queda en el tejado del popular Alfonso Rueda. Las últimas transferencias de competencias a Galicia datan de 2012, en la época del bipartito entre socialistas y nacionalistas.

Al igual que el ‘café para todos’, Sánchez está haciendo equilibrios en el reparto de banderas entre los partidos del bloque de investidura, intentando no favorecer a unos sobre otro por sus rivalidades. Entre ERC y Junts, por un lado, y EH Bildu y PNV, por otro. El acuerdo para facilitar el bastón de mando de Pamplona a EH Bildu, a través de una moción de censura, es una buena muestra de ello. Mientras, en Euskadi, los socialistas insisten en garantizar la “estabilidad” de un gobierno con el PNV.