La fiscalía ve "una flagrante contradicción" en García-Castellón al elevar Tsunami Democràtic al Supremo

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha recurrido la decisión del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón de elevar una exposición razonada a la Sala Segunda del Tribunal Supremo para que asuma la causa abierta contra Tsunami Democràtic e impute a los aforados contra los que dirigió la investigación, el expresidente catalán y ahora eurodiputado Carles Puigdemont y el diputado en el Parlament Rubén Wagensberg. El ministerio público considera que el magistrado ha incurrido en "una flagrante contradicción" en sus dos últimas resoluciones sobre la plataforma creada para protestar contra la sentencia del 'procés', lo que cree que responde a que trata de corregir con la segunda la primera, lo que está vetado por la ley.

A los argumentos ya recogidos en el recurso de apelación directo interpuesto por el ministerio fiscal ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional contra el auto del pasado día 6, el fiscal añade ahora una nueva impugnación por "la flagrante contradicción en que incurre la citada remisión al Tribunal Supremo" frente a la resolución que dirigía la investigación contra ambos aforados e imputaba a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y a otras nueve personas.

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Este segundo recurso, que puede ser resuelto por el propio García-Castellón, incluye un párrafo del auto de imputación que decía textualmente: “Este magistrado entiende que no es procedente en este momento realizar la citada exposición razonada, sino que será necesario concretar con mayor precisión su participación en los hechos”.

Añadía que “en el caso de autos, atendida la fase inicial en la que nos encontramos, no habiéndose agotado la investigación no procede acordar la exposición razonada, sin perjuicio del derecho" de Puigdemont y de Wagensberg a comparecer voluntariamente en la Audiencia Nacional para aclarar la acusación de terrorismo que atribuye a los imputados.

Una posibilidad que en el caso del expresidente se presumía imposible, al estar declarado en rebeldía por el Tribunal Supremo desde que huyó de la justicia española para eludir su responsabilidad en el 'procés'. Además, el ofrecimiento de declaraciones voluntarias solía ser una fórmula utilizada por el alto tribunal, una vez asumida la causa, antes de cursar el preceptivo suplicatorio a la Cámara de la que el aforado formaba parte, no por el juez que elevaba la exposición. De haber aceptado el ofrecimiento de la Audiencia Nacional los aforados habrían declarado ante un tribunal que no puede investigarles ni juzgarles.

Subsanar un error

Para la fiscalía, "la remisión de la exposición razonada viene a ser una suerte de reforma de oficio de la citada resolución sin fundamento alguno, sin nuevos hechos acreditados y sin que se haya practicado ninguna diligencia que haya recogido nuevos indicios de responsabilidad criminal respecto de los aforados Rubén Wagensberg y Carles Puigdemont". Y eso va "en contra de lo establecido en el artículo 267.1 de la ley orgánica del poder judicial que impide que los órganos judiciales modifiquen las resoluciones que pronuncien después de firmadas salvo la aclaración de conceptos oscuros [o] rectificación de error material, que no resulta ser el caso".

El último recurso del ministerio público, que pide que sea incorporado al primero, en el que cuestiona que las acciones atribuidas a Tsunami sean terroristas, solo necesita dos páginas para recordar las afirmaciones que el juez realizaba en su primera resolución y contraponerlas a la decisión adoptada un par de semanas después, sin haber practicado diligencia alguna, para remitir las actuaciones al alto tribunal.

La remisión de una exposición razonada al alto tribunal había sido solicitada por una de las dos acusaciones populares personadas en la causa, la ejercida por Dignidad y Justicia.

En estos días el juez García-Castellón ha solicitado información a los Mossos sobre los atestados levantados durante la ocupación del aeropuerto de Barcelona-El Prat. Los agentes le respondieron que en ninguno de ellos aparecía información sobre el ciudadano francés fallecido durante el bloqueo, lo que llevó al magistrado a dirigirse a los juzgados de El Prat de Llobregat para que le remitan las diligencias que abrieran al respecto, lo que parece difícil al no haber informes policiales previos.