España retoca su propuesta sobre la oficialidad del catalán ante un nuevo debate en la UE

La propuesta de España para modificar el reglamento que regula el régimen lingüístico de la Unión Europea, con el objetivo de incluir el catalán, euskera y gallego como lenguas oficiales de la UE, regresa este miércoles a la mesa del Consejo de Asuntos Generales (CAG). España ha remitido una propuesta modificada con la intención de recalcar lo que ya avanzó en su informe oral hace tres semanas el ministro de exteriores, José Manuel Albares, que se trata de una reforma que afectará únicamente a las lenguas españolas. La presentación "in extremis" de la nueva versión hace imposible la toma de decisiones y la agenda solo incluye un “balance de progresos”.

El nuevo documento, al que ha tenido acceso El Periódico de Catalunya, del Grupo Prensa Ibérica,, detalla seis condiciones por las que la reforma solo reconocerá al catalán, euskera y gallego como lenguas oficiales y de trabajo en la UE: son originarias de un Estado miembro, están reconocidas en la Constitución, son lenguas de uso en el Congreso y Senado, han sido utilizadas desde hace más de diez años en las instituciones europeas gracias a acuerdos administrativos, está depositada una copia certificada de las traducciones de los Tratados en dichas lenguas en el Consejo y España se compromete a asumir todos los costes de su utilización.

Se trata de la tercera vez que la agenda del CAG incluye un debate sobre la oficialidad del catalán aunque en esta ocasión, al contrario que en las dos ocasiones precedentes, no será el ministro Albares quien defienda la iniciativa ante sus colegas europeos porque estará participando en el Congreso, en la sesión que reelegirá este jueves a Sánchez. El encargado de hacer balance será, por tanto, el secretario de estado para asuntos europeos, Pascual Navarro. La última vez en la que los Veintisiete debatieron a nivel político el plan español, parte del acuerdo entre el PSOE y Junts per Catalunya para votar a favor de Francina Armengol como presidenta de la Mesa del Congreso, fue el pasado 24 de octubre. 

Estudio de impacto

Aquel día Albares confirmó la solicitud de un informe de impacto presupuestario a la Comisión Europea sobre los costes de introducir las tres lenguas en el régimen comunitario y las implicaciones en términos económicos, legales y de organización. Un documento que Bruselas se ha comprometido a trabajar con el resto de las instituciones de la UE y que todavía no está listo, lo que impedirá que haya avances en la negociación. “No tenemos todavía el informe de impacto material. Es normal. Tardan algunos meses esos informes porque hablamos de un informe detallado que tiene que hacer análisis sobre muchos aspectos”, reconocía el jefe de la diplomacia española este lunes en Bruselas. 

Se trata de un elemento clave para buena parte de las delegaciones europeas que antes de posicionarse y plantearse una eventual votación quieren conocer las implicaciones del reconocimiento. El asunto, al contrario de lo que suele ser habitual en el proceso de toma de decisiones en el Consejo, tampoco ha pasado por los grupos técnicos que preparan las los expedientes. Algo “inusual", según admiten distintos diplomáticos europeos, que entienden que derivar el asunto a nivel técnico supondría que la iniciativa no regresaría a la mesa de los ministros hasta que no estuviera suficientemente madura.

Dudas entre los gobiernos

En las dos últimas reuniones una quincena de Estados miembros han tomado la palabra para manifestar su posición sobre la iniciativa española en debates que se han saldado en una media hora. El grueso de ellos, desde Suecia, hasta Finlandia, Alemania o Polonia han expresado públicamente sus dudas por las consecuencias económicas y políticas de la propuesta aunque se han mostrado dispuestos a seguir trabajando en ello, incluso Letonia, que llegó a recordar que hay temas más importantes en la agenda europea. A todos ellos Albares les ha explicado que la iniciativa no tendrá ningún tipo de coste para las arcas comunitarias, ya que será España quien asuma íntegramente el gasto, y que no supondrá ningún precedente para otras lenguas minoritarias de otros Estados miembros, ya que se trata de un caso único al que solo pueden acogerse catalán, euskera y gallego. 

El Gobierno justifica esta especificidad en que las tres lenguas están reconocidas como oficiales en la Constitución, que se utilizan tanto en el Congreso como en el Senado y que existen ya acuerdos administrativos con prácticamente todas las instituciones europeas -salvo el Parlamento Europeo- desde hace décadas que permiten sean utilizadas en las relaciones con las instituciones. Por último, el Ejecutivo en funciones de Pedro Sánchez esgrime que España introdujo copias certificadas de los Tratados de las tres lenguas. Todo esto hace de ellas un caso muy particular. El régimen lingüístico de la UE reconoce actualmente 24 lenguas oficiales -alemán, francés, italiano, neerlandés, danés, inglés, griego, español, portuguesa, finlandés, sueco, checo, eslovaco, esloveno, estonio, húngaro, letón, lituano, maltés, polaco, búlgaro, irlandés, rumano y croata- cuyos costes son sufragados por el presupuesto de la UE.

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