Sexto aniversario del 1-O

Del 155 a la amnistía: la necesidad aritmética impone la desjudicialización del 'procés' en seis años

Seis años en los que se ha pasado de la entrada en prisión de los líderes del 'procés' con una Moncloa bajo la batuta del PP a la negociación de una suerte de amnistía con un PSOE que busca dar continuidad a su mandato a un poder que recuperó en la moción de censura de 2018 y que ahora brega por mantener

La protesta de Tsunami Democràtic en la frontera el 11 de noviembre de 2021.

La protesta de Tsunami Democràtic en la frontera el 11 de noviembre de 2021. / Manu Mitru

Carlota Camps / Sara González

"La mejor forma de defender la Constitución es poner freno a cualquier quiebra unilateral", dijo tras aplicarse el artículo 155 con el apoyo del PSOE en octubre de 2017. "Seré coherente con la política de normalización en Cataluña, y ya estoy diciendo mucho", dejó caer el pasado 20 de septiembre. Entre las dos afirmaciones de Pedro Sánchez hay un trecho temporal y político. Seis años en los que se ha pasado de la entrada en prisión de los líderes del 'procés' con una Moncloa bajo la batuta del PP a la negociación de una suerte de amnistía con un PSOE que busca dar continuidad a su mandato a un poder que recuperó en la moción de censura de 2018 y que ahora brega por mantener. La desjudicialización se ha abierto paso a golpe de necesidad aritmética para la gobernabilidad, así como del cambio de estrategia de un independentismo cercado por los tribunales. Hasta el punto de que, ahora, con el fracaso ya consumado de la investidura de Alberto Núñez Feijóo, el PSOE y los partidos independentistas entran en una nueva dimensión desconocida con la exoneración de las causas judiciales en el epicentro.

DUI, 155 y cárcel

La cárcel llegó antes que la propia DUI. Aunque la bola de nieve de la judicialización del 'procés' empezó a fraguarse tras la consulta del 9 de noviembre de 2014, se hizo grande con el 1 de octubre. El primer indicio fueron las detenciones de altos cargos del Govern a diez días de la votación, pero se terminó evidenciando con el encarcelamiento de los entonces líderes de la ANC y de Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, el 16 de octubre de 2017. Tras ellos, vinieron los de los principales líderes del 'procés' después de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) y la aplicación del 155, mientras parte de ellos optaban por hacer las maletas antes de correr la misma suerte. Que la respuesta del Estado pasaba por la vía de las togas quedó claro en aquel convulso otoño que desembocó en unas elecciones en las que ganó Ciutadans, aunque el independentismo retuvo la mayoría.

Moción de censura a Rajoy y nuevas relaciones

El contexto político dio un vuelco ocho meses después a razón de un hecho totalmente alejado del 'procés': la sentencia de la Gürtel contra el PP, que acabó siendo el catalizador para que, pese a la convulsión sufrida por los independentistas por las consecuencias del 1-O, ERC y el PDECat acabaron formando parte de la ecuación que llevaría a Sánchez a triunfar en una moción de censura. Este fue el primer ensayo del líder del PSOE para acercarse al soberanismo. En su discurso, prometió por primera vez renunciar a la "batalla" territorial y apostó por "restablecer" las relaciones entre el Gobierno y la Generalitat. Este fue el primer eslabón de la desescalada, pese a que, casi al mismo tiempo, en Cataluña Quim Torra era investido presidente, un firme defensor de la "confrontación" con el Estado que acabo siendo inhabilitado por el Supremo a finales de 2020 por descolgar tarde una pancarta del balcón de la Generalitat que pedía la libertad de los presos.

Juicio y nuevas elecciones

Pero la escalera tenía aún demasiados peldaños por recorrer. El inicio del juicio a los líderes del 'procés' coincidió con la aprobación de los primeros presupuestos de Sánchez ya como presidente del Gobierno, que fueron tumbados por ERC y el PDECat porque el Gobierno rechazó la figura de un relator que ejerciera de notario de la negociación para acabar con el conflicto político. La fiscalía pidió 25 años de cárcel para Junqueras y entre siete y 17 para los otros acusados. Con todo este escenario sobre la mesa, pero también con el pinchazo de la convocatoria del PP, Ciutadans y Vox en la plaza de Colón para protestar contra la interlocución con el independentismo, Sánchez decidió convocar elecciones.

Sentencia y protestas

Elecciones que se tuvieron que repetir por falta de apoyos en noviembre, un mes después de que el Tribunal Supremo emitiera la sentencia e impusiera a los líderes del 'procés' penas de cárcel de entre 9 y 13 años por los delitos de sedición y malversación. Un severo castigo al que el independentismo respondió con unas protestas que subieron decibelios y comportaron altercados -especialmente en Urquinaona- y el nacimiento de Tsunami Democràtic, que consiguió que miles de independentistas participaran en un llamamiento a bloquear el Aeropuerto de Barcelona. Un acción que se repitió el día siguiente de las elecciones generales del 10 de noviembre, cortando la frontera con Francia por autopista. El lema de aquella manifestación fue una llamada a la negociación: 'Spain, sit and talk' (España, siéntate y habla), a la par que el 'procés' iba sumando nuevas causas judiciales más allá de los dirigentes políticos.

Mesa de diálogo

Pese a haber dicho en campaña que "no podría dormir" si gobernara junto a Pablo Iglesias, que apostaría por penalizar la organización de referéndums y que defendiera poder lograr traer a Puigdemont a España para que fuera juzgado, Sánchez forjó la primera coalición de la democracia de la mano de Podemos y logró ser investido con la abstención de una ERC reforzada en las urnas y con capacidad para decantar la balanza en el Congreso. Fue una ardua negociación que culminó con la concesión de una mesa de diálogo, el reconocimiento de la existencia de un conflicto político, el compromiso del PSOE de trabajar para la desjudicialización y el esbozo de una votación sobre un acuerdo. Con los líderes del 1-O aún en la cárcel y peticiones de extradición frustradas de los que se fueron por parte del juez Pablo Llarena, empezaba un deshielo que quedaría truncado en seco por la irrupción de la pandemia mientras la batalla entre ERC y Junts hacía mella en el Palau de la Generalitat.

Indultos

Los síntomas más evidentes de la desjudicialización no llegaron hasta junio de 2021 y la concesión de los indultos a los líderes del 'procés' encarcelados, ya con Pere Aragonès como 'president'. La gestión del covid-19 postergó el diálogo entre gobiernos para abordar el conflicto a la vez que se fueron gestando pactos del PSOE con ERC no exentos de tiranteces para aprobar prórrogas del estado de alarma o muchas de las leyes que han sido buque insignia del Gobierno de coalición, así como los presupuestos. Los aspavientos del PP, de Ciutadans y Vox y los intentos de alentar una reacción ciudadana en contra de la medida de gracia a los independentistas fue en vano. Pero los indultos, que los republicanos no han reivindicado hasta dos años después porque el gran consenso del independentismo era la petición de una amnistía, prendieron la mecha en la relación entre ERC y Junts, que no digirió bien no ostentar la presidencia y que empezó a cultivar que el partido de Junqueras pactaba con los socialistas "a cambio de nada". La división de los partidos empezó también a calar en el movimiento.

Reforma del Código Penal

El segundo gran episodio tras los indultos de deshacer las causas judiciales del 1-O llegó ante el apoyo que necesitaba Sánchez para aprobar los presupuestos de 2023 y poder agotar la legislatura. A pesar del choque que supuso entre el Gobierno y el independentismo el escándalo del espionaje con Pegasus y de la salida de Junts del Govern hace justo un año, el PSOE y ERC acabaron pactando la reforma del Código Penal con el objetivo de rebajar las penas de los encausados. La eliminación de la sedición fue la principal medida, pero también la reforma del delito de desórdenes públicos y el de malversación, especialmente polémico. Los republicanos correspondieron aprobando las cuentas. Sin embargo, el varapalo llegó con la interpretación que hizo el Supremo de la reforma, que también fue altamente criticada por Junts y por parte de las entidades independentistas.

Amnistía

Sánchez tenía margen hasta finales de este año para convocar las elecciones, pero en un giro de guion las precipitó un día después del correctivo y la pérdida de poder institucional sufrido por los socialistas en las autonómicas y municipales del pasado 28 de mayo, con Cataluña como principal excepción. Objetivo: descolocar a un PP dispuesto a tejer alianzas con Vox. De nuevo, y contra pronóstico, el líder del PSOE resistió el pasado 23 de julio tras una campaña en la que llegó a considerar a Puigdemont como "una anécdota". No ganó y quedó detrás de Feijóo, pero aguantó un envite que la mayoría de encuestas daban por perdido. Eso sí, su investidura pasa ahora por el apoyo indispensable de ERC y de Junts -a expensas de la decisión del 'expresident' desde Waterloo- y de una amnistía que, hasta ahora, los socialistas habían rechazado, además de algún avance hacia el referéndum.