El Estado dejó de contratar a 'José Drones' al iniciarse el 'caso Mediador'

Asesoramiento y Servicio de Drones SL, una de las empresas investigadas en el caso Mediador, no volvió a ganar en 2022 ninguno de los grandes contratos a los que se presentó para suministrar drones al Estado, principalmente a la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (Fiiapp) o a los ministerios de Interior y de Defensa, organismos con los que la empresa valenciana sí logró contratos en 2020 y 2021.

Asesoramiento y Servicio de Drones está a nombre de las hijas de José Santiago Suárez, amigo del general de división de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas. Ambos, junto a otros diez empresarios y cargos públicos, son investigados por el Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife.

La magistrada María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres les atribuye delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsificación y pertenencia a organización criminal, supuestamente por cobrar diferentes cantidades de dinero a empresarios peninsulares para facilitarles negocios en Canarias, tanto en el sector de las energías renovables como en el uso de drones para las administraciones públicas.

Varias tramas

La otra rama de las pesquisas se centra en supuestos favores a ganaderos y queseros locales para gestionarles licencias o quitarles sanciones y evitarles inspecciones en sus instalaciones, con el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes y sobrino Taishet como implicados, ambos exdirectores generales de Ganadería del Gobierno de Canarias.

El general de división Espinosa, que se jubiló en enero de 2021, es el único de los detenidos que continúa en prisión provisional, comunicada y sin fianza desde el pasado 16 de febrero. La juez instructora ha denegado su puesta en libertad ante el riesgo de destrucción de pruebas.

La magistrada sigue las conexiones entre Espinosa y el empresario valenciano, alias José Drones, que obtuvo cuatro contratos con la Fiiapp entre marzo de 2020 y julio de 2021, años en los que el general estaba al frente del proyecto Garsi-Sahel. Se trata de un programa europeo de cooperación internacional liderado por España para vigilar y formar a los países situados en el cuerno de África, una región susceptible de operaciones de narcotráfico y ataques terroristas por grupos organizados.

Dicho proyecto es gestionado por la Fiiapp, que está presidida por la vicepresidenta primera de España, Nadia Calviño, e integrada por dos ministros y 14 secretarios de Estado como vocales. La juez ha solicitado a la fundación toda la documentación de los contratos ganados por la empresa Asesoramiento y Servicio de Drones, así como un listado con los nombres y los teléfonos de los funcionarios que participaron en los expedientes.

Espinosa no figuraba en las mesas de contratación, pero los pliegos con las condiciones técnicas de esos contratos sí eran elaborados por un equipo del general. De ahí que la magistrada rastree todas las conexiones en busca de un posible de tráfico de influencias para favorecer en los concursos al empresario valenciano amigo del general de división.

Los contratos bajo sospecha ascienden a 2,3 millones y fueron adjudicados por lotes de equipamiento a diferentes compañías para suministrar material a Mauritania, Mali y Níger. Los cuatro lotes ganados por Asesoramiento y Servicio de Drones ascienden a 263.000 euros entre marzo de 2020 y julio de 2021, según los datos que obran en el sumario judicial y que han sido confirmados por la fundación estatal, la cual ha ordenado una investigación interna para revisar toda la contratación, según manifestaciones de la propia Nadia Calviño.

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De esos cuatro lotes, tres de ellos se adjudicaron en el marco del proyecto Gar-si Sahel por valor de 89.000 euros: el primero el 4 de agosto de 2020 por 31.000 euros, el segundo por valor de 44.000 euros el 15 de septiembre de 2020, y el tercero por importe de 14.000 euros el 26 de octubre del mismo año.

El cuarto contrato también se lo llevó Asesoramiento y Servicio de Drones, pero no está vinculado al proyecto Garsi-Sahel, sino a otro programada de la Guardia Civil para formarse en sistemas de inhibición de drones. La compañía valenciana resultó ganadora en julio de 2021 con una oferta de 174.300 euros. En ese entonces se formalizó la jubilación de Espinosa, aunque luego se mantuvo al frente del programa de la Fiiapp medio año más.

Asesoramiento y Servicio de Drones volvió a presentarse a los concursos convocados por la fundación estatal en marzo de 2022 para suministrar drones a Mauritania y Níger, pero no ganó ningún contrato. Por esas fechas, Asuntos Internos de la Guardia Civil ya investigaba al general Espinosa y su relación con el empresario valenciano. El informe entregado a la juez con todas las adjudicaciones sospechosas está fechado en diciembre de 2022.

Además, en marzo de 2023, José Drones volvió a concursar sin éxito en los proyectos de la Fiiapp, en ese caso para dotar de material a la unidad criminal de la Policía Estatal albanesa.

La fundación aclara que desde 2015 ha contratado la compra de drones por valor de 1,5 millones de euros a 10 empresas distintas. Asesoramiento y Servicio de Drones fue creada en octubre de 2019, sólo ocho meses antes de que le fuera adjudicado su primer contrato para el importante proyecto europeo Gar-Si Sahel por parte de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP).

En el momento en el que ganó el concurso, al que se presentó junto con otras dos empresas, estaba como director del proyecto el general Francisco Espinosa Navas, el único imputado de la trama que se encuentra actualmente en prisión provisional. De ahí que cobre fuerza la hipótesis de la posible influencia del general en la consecución de esas adjudicaciones, pues la sociedad valenciana no figura entre las habituales de la fundación.

En los registros policiales, además, los agentes encontraron más de 60.000 euros en una de las casas de Espinosa. Estaban en una caja de zapatos y envueltos entre toallas, siempre en fajos de 200 y de 500 euros. El general tenía un millón en el banco y la policía rastrea otra cuenta en Bélgica para verificar el cobro de posibles comisiones.

La magistrada también investiga contratos del Ministerio del Interior y de Defensa para comprar drones al amigo de Espinosa, casi siempre para la Guardia Civil, donde José Santiago Suárez contaba con la recomendación de otro general de división para trabajar con el Seprona. Esos contratos van desde enero de 2020 a agosto de 2021. En 2022, cuando arranca la investigación por las revelaciones del mediador, Asesoramiento y Servicio de Drones deja de recibir contratos estatales.

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