La Fiscalía Anticorrupción ha presentado un escrito en la Audiencia Nacional en el que reclama al juez Manuel García Castellón, que instruye el caso del espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas, que abra una pieza separada para investigar las nuevas grabaciones conocidas del comisario José Manuel Villarejo que evidencian la posible participación en la operación Kitchen de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y de otros miembros de la formación conservadora, según han informado a El Periódico de España fuentes del organismo encargado de promover la acción de la justicia.

El Ministerio Fiscal ha tomado esta decisión al considerar que los audios publicados en diferentes medios de comunicación ya no pueden ser incorporados a la pieza separada número 7 del caso Tándem, pues se hicieron públicos después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmara la decisión del juez que instruye el caso de procesar entre otros al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, pero también de rechazar la implicación en los hechos de Cospedal.

Ahora tendrá que adoptar una decisión el juez instructor, quien finalizó sus pesquisas sin considerar que la también expresidenta de Castilla-La Mancha hubiera cometido un delito. Fuentes de la Audiencia Nacional consultadas por Europa Press ya anunciaron en mayo pasado, tras publicarse las primeras grabaciones adelantadas por El País, en las que la exdirigente del PP pedía a Villarejo "parar" el asunto de "la libretita" de Bárcenas, que estas pruebas no tenían la relevancia suficiente como para retomar la investigación del supuesto espionaje a Bárcenas.

Papeles de Bárcenas

Las grabaciones y apuntes de las agendas de Villarejo conocidos tras finalizar la instrucción del caso Kitchen reflejan que tanto Cospedal como el propio Fernández Díaz estaban al tanto del plan orquestado desde el Ministerio del Interior para impedir que el extesorero del PP reconociera la existencia de una caja b del PP con la que se pagaban sobresueldos de altos cargos de la formación conservadora, entre los que se encontraba según los conocidos como papeles de Bárcenas el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.

En este sentido, esta redacción publicó un audio que certifica que Villarejo informó al entonces secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez de que el empresario Ignacio López del Hierro -marido de María Dolores de Cospedal-, le había prometido que se le iba a pagar una parte del dinero que le debía, que cifraba en 200.000 euros. "Hablé el otro día con él, y me ha prometido María Dolores [de Cospedal] que me va a pagar en septiembre, de lo que me debe; todavía no me han pagado", dijo de forma literal el comisario al ex número dos de Interior.

Las agendas de Villarejo aportan nuevas evidencias del supuesto espionaje que no han sido investigados hasta el momento. Así, el comisario escribió en sus diarios el 12 de junio de 2014 que Cospedal le había propuesto utilizar la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), de capital público, para sufragar un “pago pendiente” de 100.000 euros, tal y como adelantó El Periódico de España.

Contra Gómez de Liaño

Otros apuntes, cuyo contenido confirma un audio de Villarejo, aluden a las maniobras desplegadas por el clan policial mafioso para amedrentar al abogado del extesorero del PP, el exjuez de la Audiencia Nacional Javier Gómez de Liaño, a quien se culpaba de que Bárcenas se hubiera decidido a 'tirar de la manta'. En la grabación, el comisario explicó a su jefe en la Policía, Eugenio Pino, que había mantenido una reunión con "un abogado que le iba a contar cosas de Gómez de Liaño, de la pasta que le pagaban fuera".

Las anotaciones muestran también la preocupación de los integrantes del considerado por la Fiscalía Anticorrupción como "clan policial mafioso" porque las iniciales "J.M" que aparecen en la documentación requisada en el seno del caso Gürtel no aparecieran vinculadas al expresidente del Gobierno y del PP José María Aznar en un informe policial.

Policía "corrupto"

La decisión de la Fiscalía se conoce el mismo día que el responsable de las pesquisas Miguel Serrano calificara en el juicio a Villarejo como un "policía corrupto" que actuó durante años guiado por un "exclusivo ánimo de lucro" al realizar actividades privadas con el conocimiento y consentimiento, presuntamente, de la cúpula policial o de sus "responsables políticos", informa Efe.

La Audiencia Nacional retomó este lunes el juicio al comisario jubilado por tres presuntos proyectos de espionaje después de que la semana pasada fuese examinado por un médico forense tras alegar en junio haber sufrido un accidente cerebrovascular que le dejó mareos y pérdida de equilibrio.

Después de que el abogado del expolicía elevara sus conclusiones a definitivas en busca de una absolución, el fiscal Serrano ratificó su tesis de que el comisario no actuó "conforme a las normas de compatibilidad que su estatuto" de policía le exigía al participar en "cuestiones privadas que en modo alguno" podía realizar porque "chocan, colisionan" con sus labores de inteligencia en la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía.