Solo un día después de su pareja, la fiscal Dolores Delgado, renunciara a sus responsabilidades al frente del ministerio público, el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón se ha dirigido al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas para que inste al Gobierno a cumplir con la obligación de otorgar la ‘reparación integral’ que el propio Comité señaló hace casi un año, lo que supondría su reinserción en la judicatura, un reconocimiento y una compensación, así como la adoptación de medidas para garantizar la no repetición de la interferencia en la independencia judicial que el organismo declaró que tuvo lugar en este caso.

En un comunicado, Garzón expresa su "profunda preocupación por el llamativo desprecio de los derechos humanos y de la autoridad de mecanismos de la ONU que el silencio del estado español representa", ya que asegura que el Gobierno de España tenía de plazo hasta el pasado 25 de abril para implementar el dictamen condenatorio del Comité en el caso Garzón contra España que emitió en agosto de 2021.

En su opinión, el dictamen del Comité declara, por unanimidad, que España había incurrido en múltiples violaciones de los derechos de Baltasar Garzón, que fue condenado por el Tribunal Supremo por vulnerar el derecho de defensa de los imputados en el caso Gürtel al escuchar las conversaciones que mantenían con sus abogados.

Procesos arbitrarios

Según el ahora abogado, el Comité declaró que había sido inhabilitado, procesado y condenado como resultado de procesos "arbitrarios", al actuar "penalmente contra un juez por su interpretación de la ley en los casos Gürtel y Franquismo", en "procesos penales que carecían de independencia e imparcialidad judicial por parte de los tribunales españoles" sin respetar "el derecho a una segunda instancia penal", porque fue juzgado por el Supremo, al ser el competente para investigar y juzgar a los jueces de la Audiencia Nacional. Su condena por prevaricación, añadía el dictamen, "carece de la previsibilidad necesaria en el derecho penal".

En su escrito ante el Relator Especial para el Seguimiento de los Dictámenes del Comité, Garzón reclama la eliminación de sus antecedentes penales y su restitución en su puesto de juez, así como una disculpa pública por parte del Estado en el Boletín Oficial del Estado y una indemnización por los daños materiales y morales sufridos.

“Hace tiempo que el Estado español debería haber abordado las notorias violaciones establecidas en este caso. Debe proporcionar a Baltasar Garzón la reparación exigida por la ley y comprometerse activamente para evitar la manipulación del derecho penal y el ataque a la independencia judicial que representa este caso”, asegura su abogada, Helen Duffy.