La ministra de Justicia, Pilar Llop, aseguró este martes en la Comisión de Justicia del Senado que "los indultos del 'procés' han sido eficaces", porque, como señala el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), en la memoria de la fiscalía del año 2020, los delitos de odio referidos al proceso independentista se han reducido "un 61% mientras se tramitaban" las medidas de gracia.
De esta forma, ya con ello, según la ministra de Justicia, se ha cumplido con la "razón de utilidad pública", que argumentó el Gobierno cuando concedió el indulto a los nueve condenados por el Tribunal Supremo que se encontraban en prisión. En su respuesta, Llop prefirió remitirse a la cifra que la memoria fiscal atribuía a los delitos de odio ideológicos y, en concreto, relacionados con el 'procés', un descenso que el documento no vinculaba a los indultos, pero sí consideraba un reflejo de que el ambiente estaba más tranquilo.
La memoria reflejaba un descenso general de este tipo de delitos, pero que se explicaba con la propia pandemia y las restricciones que incluyó, porque la tendencia al alza del año anterior se produjo con la misma intensidad cuando la situación se normalizó.
División de poderes
La ministra, que denunció que la habían insultado, dirigiéndole entre otros epítetos el de "niña de San Ildefonso", por el que mostró su extrañeza, rechazó implícitamente un cambio en la ley para la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, condición impuesta por el PP para proceder a la renovación del órgano que lleva ya tres años de retraso. Según Llop, "el poder judicial emana del pueblo no solo de los jueces o los abogados".
De ahí que las Cortes nombren "a los vocales, que a su vez nombran a los jueces" de las altas instancias judiciales. Añadió que "los poderes se interrelacionan" y advirtió del riesgo de "tocar alguna pieza que haga que se desmorone el sistema institucional", sobre todo, ahora que "la pandemia ha demostrado que solo con instituciones fuertes, sólidas, se podrá preservar el estado de bienestar".
Por otra parte, negó conocer si los preparadores de los opositores a la carrera judicial y fiscal cobraban en negro, pero aseguró que de ser así lo investigaría la Agencia Tributaria.
