Habitualmente, la atención sobre la violencia de género se centran en las mujeres asesinadas, en la última semana cinco y el hijo de una de ellas, en si habían interpuesto denuncia y en los agresores. Pero esta grave lacra provoca también que cientos de niños se queden o completamente huérfanos, si su padre se suicida tras el crimen, o huérfanos de madre pero con su padre en la cárcel, y por tanto, también desamparados, tras sufrir el shock de perder a una madre y que su vida se desmorone completamente. Desde el año 2013, al menos 525 personas se han enfrentado esta difícil situación, 310 menores de edad, según la Delegación del Gobierno, y 215 mayores de 18 años (entre 2013 y 2018), según los datos recogidos en el informe anual del Fondo de Becas Soledad Cazorla, puesto en marcha por la familia de la primera fiscal de sala contra la violencia machista, tras su fallecimiento, y por la Fundación Mujeres.
Estas ayudas nacieron precisamente para apoyar económicamente a las familias que asumen la crianza de estos niños. Sus promotores conocen, por tanto, como ningún otro colectivo sus necesidades de primera mano y tras impulsar la ley que en 2019 mejoró las pensiones de orfandad, reclaman a las instituciones varias "mejoras legislativas, de carácter técnico, pero que contribuirían a que las familias puedan recomponer su vida", según ha explicado la presidenta de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto, en la presentación del informe.
Los impuestos
Una de los cambios legales hace referencia a la reforma fiscal necesaria para que los menores o sus familias de acogida no tuvieran que tributar para recibir la propiedad de la vivienda de su padre, en concepto de indemnización civil, dado que muchas familias no pueden hacer frente a dicho tributo, lo que les impide acceder a este bien. Asimismo, algunos afectados se encuentran problemas a la hora de liquidar el régimen económico matrimonial, por lo que el Fondo de Becas propone también su reforma.
Por otro lado, respecto a la ley que mejoró las pensiones de orfandad, aunque ha sido una herramienta positiva en la reparación del daño y en la prevención de la pobreza infantil, porque ha permitido que 75 niños hayan visto mejorada su situación, o bien porque se ha incrementado la cuantía de la ayuda que reciben (en 33 casos) o porque han percibido una prestación que antes les estaba vetada porque la insuficiente cotización de su madre (42 menores), en el 2021 sólo han resultado beneficiados dos niños. Según el Fondo, este "escaso resultado" puede deberse a la dificultad de acceso a la información, una situación acrecentada por la pandemia.
Ampliación de la ley
Por ello, los promotores del Fondo reclaman a la Seguridad Social que mejore la información que se ofrece a las familias y que se amplíe la ley en tres supuestos: en el caso de adopción de los menores, cuando el asesino de la madre no es el progenitor del niño y en familias monoparentales. En el primer caso, la prestación por orfandad se pierde, lo que provoca que las familias más vulnerables renuncien a la adopción para no perder la ayuda, aunque el menor lo desee. Y los otros dos casos también producen desamparos, que el Fondo exige corregir.
Los promotores de las ayudas ya han expuesto sus demandas a la comisión de seguimiento del pacto de Estado contra la violencia de género, a la que la ministra de Igualdad, Irene Montero, encargó el viernes un informe de diagnóstico para conocer qué herramientas "han fallado" a la hora de proteger a las mujeres, tras el grave repunte de asesinatos (seis) de la última semana. Si bien, en lo que va de año, han fallecido 14 mujeres, por lo que se trata del tercer mejor registro desde 2003.
La delegada del Gobierno, Victoria Rosell, ha considerado que "quizá es el momento de controlar más a los agresores", algo que se realizará incrementando el número de pulseras disponibles, a través de los fondos europeos.
