02 de octubre de 2020
02.10.2020
Faro de Vigo
Gobierno

Iglesias: "El plan de choque hará que la dependencia sea un derecho real"

El vicepresidente segundo afirma que este mecanismo mejora su financiación en 600 millones

02.10.2020 | 15:12
El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias

El vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha destacado que el Plan de Choque de la Dependencia presentado a las comunidades este viernes mejora su financiación en 600 millones de euros, para que la atención a la dependencia sea "un derecho realmente efectivo".

Iglesias preside el Consejo Territorial de Servicios Sociales que debate de forma consensuada las medidas de este plan de choque presentado por el Gobierno, cuya financiación está sujeta a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.

Durante su intervención, el vicepresidente ha aseverado que "no han sido años nada fáciles para la dependencia, fundamentalmente porque los recortes realizados desde el 2012 y las privatizaciones dejaron el Sistema de Dependencia en una situación crítica".

Iglesias ha agradecido a las comunidades autónomas "el enorme esfuerzo por mantener durante este tiempo la atención a la dependencia, que es un pilar esencial del Estado del Bienestar". De hecho, en estos momentos las comunidades aportan más del 80 % y la Administración del Estado, el resto, cuando la ley establece que debe hacerse al 50 por ciento entre Gobierno y CCAA.

Para el responsable de Derechos Sociales, el plan "tiene la capacidad de incidir en la actualización del sistema y la mejora de la atención y de la financiación, para que la atención a la dependencia sea, por fin, un derecho realmente efectivo en España".

El plan contempla establecer la teleasistencia como derecho subjetivo para personas dependientes que no vivan en centros residenciales, incrementar las horas de atención en el Servicio de Ayuda a Domicilio, mejorar las prestaciones económicas (estableciendo cuantías mínimas) incrementando las máximas e introduciendo mejoras en su regulación o ampliar las compatibilidades entre prestaciones y servicios.

Además, plantea extender la Escala de Valoración Específica (EVE) desde los 3 hasta los 6 años, agilizar los procedimientos administrativos y adoptar otras medidas orientadas al incremento de la cobertura del sistema.

El plazo previsto para la plena implementación de estas medidas es de tres años (entre 2021 y 2023).

La propuesta de Derechos Sociales argumenta que las medidas tendrán un efecto positivo sobre la actividad económica, como consecuencia del aumento de la demanda de bienes y servicios de las personas beneficiarias, de las empresas que deben satisfacer ese aumento de demanda y de las nuevas personas empleadas como consecuencia del aumento de producción.

Estima que, con el escenario del actual modelo de prestaciones y servicios, por cada incremento de un millón de euros invertido en el sistema se crean más de 37 puestos de trabajo; el primer año de aplicación del plan, por tanto, podrían crearse en torno a 24.000 empleos nuevos.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook