El fiscal pide archivar la causa por el 8-M al creer "inverosímil" la acusación contra Franco

La Fiscalía aún no se había pronunciado sobre la causa abierta por la jueza de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, contra el delegado del Gobierno madrileño por no impedir concentraciones en los días previos a la declaración del estado de alarma, como la del 8-M. No lo había hecho porque, a diferencia de la magistrada, respetaba la suspensión de los plazos procesales que esa situación implicaba y que no se levantó hasta el pasado 4 de junio. El ministerio público recurrió ayer tanto la apertura de las diligencias como la imputación de Franco y pidió el archivo del procedimiento, al considerar "inverosímil" atribuirle una prevaricación administrativa por una supuesta obligación de conocimiento sobre los riesgos de contagio antes de que la pandemia fuera declarada.

La Fiscalía, que también apoya los recursos de la Abogacía del Estado, en defensa de Franco, considera imposible atribuirle ese delito, porque no dictó resolución alguna en asunto administrativo y no servir como tal la comunicación de celebración de una manifestación. Tampoco "infringió norma jurídica que le atribuyera la obligación de prohibir las manifestaciones de los días 7 y 8 de marzo"; ni "ostenta competencias en el orden sanitario", que corresponden "a otra Administración", ni tenía "condición de garante".

"Con tal escenario, nacional e internacional, pretender que el investigado conocía que con una actuación diferente a la realizada (para la que no estaba obligado ni legitimado) habría podido evitar la muerte de miles de personas y el contagio exponencial de la enfermedad resulta prácticamente inverosímil", argumenta el ministerio público para reclamar el archivo de las actuaciones en las que José Manuel Franco está citado a declarar mañana.

El fiscal explica en su recurso que para que exista la prevaricación administrativa debe concretarse el hecho que se considera prevaricador. La propia resolución impugnada, según dice, pone de manifiesto que resulta "palmario" que el mero hecho de recibir comunicación acerca de la futura celebración de una manifestación, "en ningún caso resultará subsumible" en ese delito, porque no puede equivaler a dictar una resolución, que no solo debe resultar "ilícita, sino también arbitraria". A Franco, añade no se le puede atribuir haber dictado una resolución, sino tampoco un comportamiento arbitrario, "en tanto que no ha realizado actuación ni omisión que vulnere el ordenamiento jurídico en aras de la prevalencia de su exclusiva voluntad personal".

Competencia sanitaria

La Fiscalía también es clara al negar el delito imputado a Franco, al afirmar que no dejó de resolver petición alguna "a que viniera legalmente obligado" y recuerda que los delegados del Gobierno no ostentan competencias en materia sanitaria", por lo que no resultaría "razonable" exigir al Delegado del Gobierno que prohibiera unas manifestaciones por razones de orden sanitario "cuando las competencias en materia de salud pública, y, en concreto, para la adopción de medidas de prevención de vigilancia epidemiológica, correspondían a otro órgano administrativo".

Tampoco considera que haya indicio alguno de una "hipotética" orden emitida por el Gobierno que tuviera que cumplir "inexorablemente" Franco, aunque así se deje caer en el auto de admisión. Destaca además el ministerio público que la mayoría de los documentos con los que José Manuel Franco tomó conocimiento de convocatorias de manifestaciones llevan fecha de febrero y solo "en un número muy reducido" están registrados a principios de marzo.

La acusación particular, que ejerce Manos Limpias, pidió ayer posponer la declaración de Franco.