En el Consejo de Ministros se sientan tres jueces: el titular de Justicia, Juan Carlos Campo, el de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la de Defensa, Margarita Robles. Todos ellos advirtieron deficiencias en el texto de la ley de libertad sexual que la ministra de Igualdad, Irene Montero, hizo llegar al resto del gabinete de Pedro Sánchez semanas atrás.
En la redacción del texto intervinieron personas del círculo de confianza de Montero, entre ellas la jueza Victoria Rosel, actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género.
Las posibles lagunas técnicas de la ley vienen a agrandar el malestar de un sector del Ejecutivo, con la vicepresidenta Carmen Calvo a la cabeza, por haber tenido que ceder el Ministerio de Igualdad a Unidas Podemos. Las primeras grietas en el Ejecutivo afloran en un terreno ya reblandecido por las diferencias que hicieron fracasar en julio el intento de coalición.
No es la primera vez que Podemos está cuestionado por la solvencia técnica de sus proyectos. Desde que los de Iglesias obtuvieron representación parlamentaria en las elecciones de diciembre del 2015, han sido señalados desde diferentes siglas acusados de elaborar sus iniciativas con escaso rigor.
Una de las más sonadas fue la que pretendía ser su medida estrella, que acabó en fiasco: la denominada "ley 25", una batería de medidas sociales. En su tramitación parlamentaria cosechó críticas técnicas nefastas y llegó a ser tachada de "chapuza" incluso por los grupos que votaron a favor.
