Con el foco mediático puesto sobre las posibles fechas del debate de investidura, toda la atención se centra en el informe de la Abogacía del Estado sobre el presidente de ERC, Oriol Junqueras, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que declara que debió habérsele dado permiso para tomar posesión de su escaño europeo, porque adquirió la inmunidad al lograr reunir los votos suficientes para ser eurodiputado.
Los Servicios Jurídicos del Estado tienen hasta el 2 de enero para presentar su informe y de momento solo se sabe, según fuentes gubernamentales, que irá en la línea del de junio, cuando se mostró a favor de que Junqueras pudiera adquirir el acta de eurodiputado, al igual que el propio Supremo había acordado un poco antes con el escaño de diputado en el Congreso.
Poco sentido tendría oponerse ahora después de que la justicia europea haya respaldado, precisamente, ese criterio frente al de la Fiscalía, tan contraria a concederle permiso para ir a la Cámara baja a tomar posesión del escaño europeo, como lo demuestra que ahora se haya apresurado a oponerse a su excarcelación por ser ya condenado en firme.
El problema surge cuando se va un poco más allá, porque entonces la institución dependiente del Ministerio de Justicia afirmaba que "corresponderá a la Junta Electoral Central y no al Parlamento Europeo la competencia para valorar el cumplimiento de los requisitos establecidos por el derecho interno que pueden afectar a los candidatos electos".
La abogada del Estado que sustituyó al hoy diputado de Ciudadanos (Cs) Edmundo Bal en el juicio del "procés", Rosa María Seoane, se remitía en junio a los efectos de suspensión de funciones de los cargos públicos recogidos en el artículo 384 bis de la ley de enjuiciamiento criminal para los procesados por rebelión.
Es decir, que aunque defendiera la salida de la cárcel de Junqueras para poder tomar posesión del escaño, no era su intención que ejerciera de europarlamentario ni que fuera excarcelado, ya que su propuesta era similar al permiso que se le concedió en mayo para coger el acta de diputado del Congreso.
Feijóo
Por su parte, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, mostró su confianza ayer en que el dictamen de la Abogacía del Estado sobre la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE en relación a Oriol Junqueras "no tenga nada que ver con el posible acuerdo entre el PSOE y ERC", dado que este órgano debe actuar "con rigor" y no convertirse en "moneda de cambio".
"Si un partido independentista va a dirigir la Abogacía del Estado, nos quedamos sin abogacía y sin Estado", zanjó. En todo caso, confió en que los jueces y la Abogacía "actúen" como tienen "acostumbrados" a la sociedad, esto es, "con rigor". "Las leyes y su cumplimiento no se negocian", reiteró.
