No habrá ingresos en la cárcel por la sentencia de los ERE hasta que se resuelvan los recursos. En contra de lo que había pedido la Fiscalía Anticorrupción, la Audiencia Provincial de Sevilla decidió ayer mantener en libertad a los exconsejeros andaluces Antonio Fernández y José Antonio Viera y a los ex directores generales de Trabajo Javier Guerrero y Juan Márquez, condenados los cuatro a más de siete años de prisión por un delito continuado de prevaricación y otro de malversación.
La Audiencia mantiene, no obstante, las medidas cautelares impuestas a Guerrero y Fernández, que deberán comparecer en el juzgado el primer lunes y el primer martes de cada mes, respectivamente. También se les prohíbe abandonar el territorio español y se los obliga a entregar sus pasaportes.
Según el tribunal, estas medidas cautelares son "suficientes para conjurar el riesgo de fuga". La Audiencia rechazó el argumento de la fuga, defendido por la Fiscalía y por la acusación particular del PP, argumentando que "carece de solidez desde el momento que existen en el proceso otros acusados, condenados a idénticas o similares penas, respecto de los cuales no se solicita la prisión".
Contexto incriminatorio
El expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves, condenado a nueve años de inhabilitación en el mismo caso, se quejó de que en torno al proceso se ha creado "un ambiente de presunción de culpabilidad" durante años que, al final, ha condicionado su desenlace, ya que no ha llegado a alejarse de ese "contexto" incriminatorio. Para Chaves, que expresó su respeto por la decisión de los jueces, el proceso ha estado sometido "a muchas presiones políticas, mediáticas y sociales" que lo han condicionado.
El expresidente regional espera que con el recurso en el Tribunal Supremo "se haga justicia", ya que se ha visto "muy sorprendido" por la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla.
