El Gobierno ha rechazado de plano el informe de la ONU que pide la libertad de los dirigentes independentistas catalanes en prisión preventiva. Para el Ejecutivo, el informe, elaborado por el grupo de trabajo de Detención Arbitraria, que depende del Consejo de Derechos Humanos, es un "despropósito" plagado de "errores y distorsiones".
Así lo anunció ayer, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra portavoz en funciones, Isabel Celaá, quien denunció, además, un conflicto de intereses. Celaá resaltó que dos de los cinco miembros del grupo de trabajo, el mexicano José Antonio Guevara Bermúdez y el surcoreano Seong-Phil Hong, han tenido "estrechas relaciones" con uno de los letrados de los independentistas, Ben Emmerson, razón por la que deberían haberse inhibido.
Por su parte el ministro de Exteriores, Josep Borrell, denunció "connivencia" entre estos dos relatores y los abogados de los secesionistas, por lo que pidió a la ONU que los aparte del Grupo.
