La Mesa del Congreso de los Diputados decidirá hoy si suspende a los cuatro diputados independentistas catalanes en prisión preventiva, después de que el tribunal que juzga el "procés" en el Supremo se desentendiera del asunto por segunda vez y devolviera al órgano rector de la Cámara la responsabilidad de pronunciarse.
La Mesa del Congreso acordó ayer pedir un informe a los letrados del Congreso, pero con la total oposición del Partido Popular y Ciudadanos. Sin embargo, el rechazo de populares y naranjas a esta iniciativa no fue el único reflejo de la división que reina en la Mesa sobre esta espinosa cuestión, porque los dos miembros de Unidas Podemos, que apoyaron a los tres del PSOE en su solicitud del informe, no entienden por qué la decisión debe tomarse hoy.
Antes de la reunión de la Mesa, PP y Cs habían redoblado su presión sobre Batet presentando sendos escritos en los que pedían que Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull fueran suspendidos con carácter inmediato. Pero una escueta nota del tribunal del "procés" acabó por tensar la situación.
Reglamento
En su respuesta a la consulta que el martes le hizo la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, sobre qué precepto legislativo debe usarse para ejecutar la suspensión, el presidente del tribunal, Manuel Marchena, devuelve la pelota al Congreso e insiste en que es su Reglamento el que debe aplicarse en este caso.
Y recuerda que ya mostró este mismo parecer en un oficio remitido a la Cámara baja el pasado viernes, añadiendo, de paso, que un informe como el que le solicita Batet sólo puede redactarlo el servicio jurídico del Congreso. "Ya dispone de un equipo de letrados para tal fin y no es una competencia o tarea que deban hacer los magistrados", la ilustra el juez Manuel Marchena.
Así las cosas, y después de tres tensas horas de reunión, la Mesa ha pedido un informe a los servicios jurídicos de la Cámara baja para que diga qué fundamentos hay en el Reglamento del Congreso y en la ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) para determinar que los cuatro diputados prisión han de ser suspendidos.
En tanto no se disponga de ese informe, Batet no quiere motivar ninguna decisión porque, a su parecer, el Congreso no puede adoptarlas de manera "discrecional" ni "en ningún caso, política". Tiene que estar amparada por el ordenamiento jurídico.
Los miembros de la Mesa leerán hoy un texto que habla del artículo 21.1.2 del Reglamento del Congreso y del artículo 384 bis de la Lecrim.
El del Reglamento de la Cámara alude a la petición del suplicatorio previa a la suspensión, que el Supremo ha descartado pedir porque el proceso está en curso. Los indicios conducen a que tendrá que hacerse una interpretación de ese punto del reglamento, adelantó a la agencia "Efe" una fuente parlamentaria.
