El juicio al procés arrancó ayer con la vista puesta en Europa. En concreto, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Incluso en la primera jornada del histórico proceso -más bien árida, porque solo se ventilaban cuestiones previas- quedó de manifiesto que el sistema judicial español se sabe examinado con lupa, y que los abogados de los 12 acusados conducirán su estrategia de defensa pensando en los recursos que a buen seguro plantearán ante la Corte de Estrasburgo, sea cual sea la sentencia que termine dictando el Supremo. No en vano el TEDH es el tribunal ante el que quiere el soberanismo ganarle la partida al Estado por la causa (a su entender "política") que ayer dio comienzo.
Así lo prueban las argumentaciones de los letrados (cuestionando la "imparcialidad" de los magistrados, denunciando la vulneración de derechos fundamentales de los acusados y, además, una "causa general" contra el independentismo), pero también la actitud del presidente del tribunal, Manuel Marchena, que permitió a Jordi Sànchez lucir el lazo amarillo, símbolo que en defensa de los "presos políticos" cuestiona de raíz el sistema judicial, y su generosidad en la administración de los tiempos de exposición. Un solo toque dio, ya por la tarde: a Olga Arderiu, la abogada de Carme Forcadell.
Bajo los focos de los centenares de periodistas acreditados y con asistencia del presidente Torra y dos de sus consejeros, el juicio comenzó con 23 minutos de retraso (a las 10.23). Los encausados, que habían llegado a la sede del Supremo a primera hora, entraron en la sala de vistas protegidos por biombos para preservar su imagen. Lo que no les impidió dar, acto seguido, el primer golpe de efecto mostrándose sentados juntos en el banquillo de los acusados, cuando podían (si querían) haberse situado detrás de sus respectivos abogados.
Empezaba así la rentabilización mediática de una vista que al menos durante tres meses dará todo el protagonismo a los líderes del procés que asumieron sus responsabilidades y pagaron por ello con la prisión sin fianza (todos menos Carles Mundó, Santiago Vila y Meritxell Borràs, acusados de malversación y desobediencia, pero no de rebelión, para los que la Fiscalía pide 7 años de cárcel).
Sànchez era el único que portaba el lazo amarillo, pero Junqueras y otros acusados llevaban prendido el pin de consejero. De los nueve hombres, seis iban trajeados y con corbata. Más informales vestían Oriol Junqueras, el expresidente de la ANC Jordi Sànchez y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.
Algunos, como Cuixart y Forcadell, aún charlaban animadamente (no así Junqueras, que parecía como ausente y no movía ni una ceja) cuando Marchena dio la palabra a la primera de las defensas (todas pudieron intervenir ayer, hoy será el turno de las acusaciones). Andreu Van den Eynde, el letrado del exvicepresidente del Govern y del exconsejero Raül Romeva, lanzó un largo y duro alegato, mitad político, mitad técnico, centrado en la supuesta vulneración de derechos fundamentales de sus defendidos.
No se dejó ninguno: atentado a los derechos políticos, a la libertad de expresión y de manifestación, al principio de legalidad penal y, casi lo más grave -lamentó-, a la libertad ideológica. Porque el juicio que ayer empezó en el Supremo no es sino una "causa general contra el independentismo catalán", denunció. Y los acusados han sido "asimilados", en lo tocante al trato procesal, a los "terroristas".
Van den Eynde expuso después que "ninguna ley internacional o de la UE impide la secesión de una entidad subestatal", razón por la cual los acusados tienen derecho a defender la "idea" de la autodeterminación. Es más, el derecho a decidir "es sinónimo de paz, no de guerra", añadió. Y siguiendo en clave bélica, acusó a la justicia española de aplicar "el derecho penal del enemigo".
Pasó luego a centrarse en los "daños" que la causa ha infligido a los rectores del procés, presentados como una "suspensión generalizada e indebida de derechos políticos" que encaja con la "causa general" contra el independentismo que había denunciado antes. Así, a Junqueras la acción penal le sacó "de la arena política" y, después de las elecciones del 21-D, en las que a sus clientes se les privó de hacer campaña, se "abortó" una investidura: la de Jordi Turull, para quien se decretó prisión sin fianza un día después de someterse a la primera votación (que perdió).
Por último, el abogado del exvicepresident incidió en un aspecto que después iban a tocar otros letrados: la irregularidad que en su opinión subyace al hecho de que distintos juzgados indaguen los mismos actos. Van den Eynde arremetió, sobre todo, contra la instrucción del Juzgado número 13 de Barcelona, que investigó los preparativos del referéndum del 1-O, y acuñó la expresión "vodevil procesal".
Xavier Melero, abogado del exconsejero de Interior Joaquim Forn, que ya defendió al expresident Artur Mas con ocasión del juicio por el 9-N, anunció que su alegato se nutriría de "instrumentos exclusivamente penales" (es decir, que sería técnico, no político). En sustancia, su argumentación consistió en decir que a su cliente le genera "indefensión" la escisión de la causa, pues mientras a Forn se le juzga en el Supremo, siendo como era el máximo responsable político de los Mossos d'Esquadra, al exmayor Josep Lluís Trapero y a la cúpula del cuerpo se les enjuicia en la Audiencia Nacional. Melero pidió que se cite al exministro del Interior Juan Ignacio Zoido.
Eminentemente político fue el alegato de Jordi Pina, abogado de Sànchez, Turull y Josep Rull, quien, además de arremeter contra la competencia del Supremo (la causa debería están dirimiéndose, a su juicio, en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña), denunció que se ha vulnerado el derecho de sus mandantes "a un juez imparcial". Y añadió, dirigiéndose a los miembros del tribunal: "No se lo tomen como una ofensa". También les hizo una recomendación: "Hagan de jueces, no de salvadores de la patria". Pina pidió al tribunal la citación del Rey Felipe VI y de Carles Puigdemont.
Tras el receso para comer (de las 14.15 a las 16.10), el exdiputado de la CUP Benet Salellas, en representación de Jordi Cuixart, también denunció la vulneración de derechos fundamentales, se quejó por la denegación de la práctica de hasta 20 testificales y advirtió: "Este juicio es una derrota de la sociedad española y no debe empezar".
