El Tribunal de Cuentas admitió ayer a trámite la demanda de la Fiscalía contra 19 ex altos cargos de la Generalitat, con Carles Puigdemont a la cabeza, por la desviación millonaria de fondos públicos para la organización del referéndum ilegal del 1-O.
El tribunal ha abierto diligencias preliminares tras admitir a trámite las demandas de la Fiscalía y de Sociedad Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución contra Puigdemont y otros ex altos cargos de la Generalitat.
Ahora, añaden las fuentes, se tiene que nombrar un delegado instructor, que es quien determinará la cantidad exacta de recursos públicos finalmente detraídos y, en caso de llegar a juicio, éste recaería en la magistrada Margarita Mariscal de Gante, quien juzgó a Artur Mas por el 9-N.
Se trata de un proceso para determinar la responsabilidad contable de los miembros del Govern que participaron en el 1-O, independiente al que se sigue en el Supremo por la responsabilidad penal.
Paralelamente, el Tribunal Constitucional (TC) ha decidido mantener en prisión a Jordi Sànchez, uno de los cuatro presos que estuvieron en huelga de hambre hasta ayer alegando, precisamente, que la corte obstaculizaba sus recursos de amparo.
Sànchez pedía su excarcelación al TC basándose esta vez en una reciente condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) a Turquía por el encarcelamiento del dirigente kurdo Selahattin Demirtas. Pero el tribunal consideró que dicha condena no es una "circunstancia sobrevenida" a tener en cuenta, como argumentaba Sànchez, pues hace referencia a "un procedimiento en el que ni el Estado español ni el recurrente en amparo han sido parte", por lo que no es de aplicación.
Denuncia ante la ONU
Aparte, Puigdemont y los presos Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sánchez denunciaron a España ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU por lo que consideran la violación de sus derechos civiles y políticos.
