El juicio de la conocida como pieza política de los expedientes de regulación de empleo (ERE) andaluces presuntamente irregulares quedó ayer visto para sentencia tras una vista oral que se prolongó durante más de un año, en un total 152 sesiones.
En el banquillo de los acusados se sentaron, desde el pasado 13 de diciembre de 2017, 22 exaltos cargos de la Junta, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
Todos ellos estaban acusados por un delito continuado de prevaricación y otro de malversación. Tras la vista oral, a algunos solo se les imputa la prevaricación, como es el caso de Manuel Chaves, y los exconsejeros Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez, entre otros, que se enfrentan a diez años de inhabilitación.
Para quienes, tras la exposición de las conclusiones finales, se mantienen ambas acusaciones, las penas que se piden van desde los seis a los ocho años de prisión y treinta de inhabilitación.
En este grupo se encuentran el expresidente José Antonio Griñán, la exconsejero de Hacienda Carmen Martínez Aguayo y el ex interventor general Manuel Gómez, entre otros.
En la vista declararon 120 testigos y la prueba pericial, con exposiciones de criterios discordantes entre los especialistas de la acusación y las defensas, se prolongó durante seis semanas.
