Toda la oposición coincidió ayer en pedir la dimisión del ministro de Exteriores, Josep Borrell, al hacerse firme la sanción de 30.000 euros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por falta muy grave, al utilizar información privilegiada en la venta de unas acciones de Abengoa, empresa de la que era consejero. El Gobierno cerró filas en torno a Borrell, quien en su día justificó la renuncia a recurrir la decisión de la CNMV, que considera desproporcionada a los hechos, ante el Ministerio de Economía, del que depende la Comisión, por la improcedencia de entrar en conflicto jurídico con el Ejecutivo al que pertenece.

La sanción era ya conocida. El ministro explicó los detalles en el Congreso el 17 de octubre pasado. Borrell vendió, a mediados de noviembre de 2015, por valor de 9.030 euros 10.000 acciones de Abengoa de la cartera de un familiar que gestionaba él. La operación se produjo poco días antes de que la empresa, de la que entonces era consejero, entrara en concurso de acreedores. La CNMV considera que el ahora ministro se benefició de información privilegiada. Borrell lo desmintió. Reconoció en la Cámara Baja que la operación constituyó "un error" y "no fue adecuada por el momento en que se produjo y por la apariencia de irregularidad que ha podido generar". Sin embargo, aseguró estar "en total desacuerdo" con la calificación de la sanción, por entender que todo se reduciría a una falta administrativa que, según la legislación vigente, no afecta a su idoneidad para ser ministro. Además sufrió cuantiosas pérdidas en su propia cartera de acciones -cifrada en 300.000 euros, según algunas fuentes-. El titular de Exteriores expuso todos estos detalles en una carta a la Comisión, aunque descartó presentar un recurso "por responsabilidad política" puesto que supondría un "conflicto de intereses" al enfrentarse en los tribunales con un Ejecutivo del que es miembro.

Ante la falta de recurso, la CNMV confirmó ayer la sanción de 30.000 euros, lo que desató una nueva tormenta política sobre el Gobierno de Pedro Sánchez. La exigencia de que el ministro abandone fue unánime en toda la oposición. Desde Podemos, socio presupuestario del Ejecutivo pero cada vez más distante, Pablo Iglesias manifestó su "respeto a Borrell por su inteligencia y su altura política y creo que dimitirá sin necesidad de que se lo exijamos".

El líder del PP, Pablo Casado, considera que Borrell "está deslegitimado para seguir en el Gobierno" . "Esto es un tema muy feo y muy grave", afirmó la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas. Para el independentismo, la confirmación de la sanción fue la oportunidad de arremeter contra el ministro más beligerante con la situación catalana. El Govern de Torra exigió la dimisión del ministro, al igual que ERC.

La respuesta del Ejecutivo fue de "absoluto" respaldo al titular de Exteriores. La ministra Meritxell Batet afirmaba que "la valoración de la tarea de Gobierno del ministro Borrell es impecable y por supuesto que tiene plenas capacidades para continuar desarrollando su trabajo".