La ministra de Justicia, Dolores Delgado, se vio ayer reprobada por el Congreso, menos de dos meses después de haberlo sido por el Senado -por su gestión de la demanda presentada en Bélgica contra el juez Pablo Llarena por los dirigentes del procés fugados-, y en la semana en que ha saltado por los aires el pacto para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que llevaba meses negociando con el PP, el partido que impulsó las dos reprobaciones, con el respaldo de Cs. Sin embargo, la de ayer salió adelante gracias a la abstención de ERC y Bildu, dos de los partidos que apoyaron la moción de censura contra Mariano Rajoy.

El desmarque de ERC, que, sin embargo, sí apoyó la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que promueve el Gobierno, se interpreta como una reacción a la expulsión de su diputado Gabriel Rufián tras la monumental bronca del miércoles en el Congreso.

Por su parte, el PP arremetió ayer con dureza contra Delgado, pero hasta que el juez Manuel Marchena, el candidato pactado con el PSOE, renunció el lunes a presidir el CGPJ, los populares negociaron con la ministra sin que el hecho de haberla reprobado ya en el Senado fuera un escollo para trabajar por un acuerdo.

Según el líder del PP, Pablo Casado, la causa "nuclear" de la ruptura del pacto son las "rivalidades" en el seno del Gobierno sobre el CGPJ. Para Casado, el Ejecutivo "hirió de muerte" el pacto cuando filtró el nombre de Marchena.

No obstante, los populares no lo dieron por finiquitado hasta que Marchena renunció al cargo reivindicando su independencia, lo que ocurrió después de que el senador del PP Ignacio Cosidó enviara un wasap presumiendo de que el acuerdo con el PSOE permitiría controlar "desde detrás" la sala segunda del Supremo, que es la que juzgará, a partir de enero, los hechos de octubre de 2017 en Cataluña.