El dirigente abertzale Arnaldo Otegi fue condenado a diez años de cárcel por su intento de reconstruir Batasuna en un procedimiento en el que se vulneró su derecho a un juez imparcial. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condena ahora a España por no atender la recusación por parcialidad que presentaron Otegi y otros cuatro dirigentes de la izquierda abertzale en 2011 contra la jueza de la Audiencia Nacional Ángela Murillo, cuya actuación obligó a anular y a revisar un juicio anterior contra el dirigente vasco.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera que la Audiencia Nacional vulneró los derechos fundamentales de Otegi en el juicio del "caso Bateragune". En concreto, el procedimiento judicial atenta contra su derecho, y el de los otro cuatro dirigentes juzgados con él, a un proceso imparcial porque la jueza Ángela Murillo no debió volver a juzgar a Arnaldo Otegi. En un fallo adoptado con la unanimidad de todos los miembros del tribunal, entre ellos la española María Elósegui, se hace constar que "el recelo de los demandantes (hacia Murillo) podía considerarse objetivamente justificado", teniendo en cuenta que dos meses antes el Tribunal Supremo había aceptado la recusación de la magistrada en otro caso.

Las salidas de tono de la magistrada Murillo con el exportavoz de Batasuna provocaron que el Tribunal Supremo anulara la condena de dos años de cárcel que le impuso la sección cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional, que preside la jueza, por homenajear al preso de ETA José María Sagarduy. El Supremo ordenó repetir el juicio con un nuevo tribunal al estimar que se "prejuzgó" su culpabilidad al preguntarle la magistrada si condenaba la violencia de ETA. La vista se celebró de nuevo y Otegi resultó absuelto. Fue en ese juicio, celebrado en enero de 2010 y después anulado, cuando Murillo y Otegi se vieron por primera vez las caras. Desde el comienzo de la vista, la magistrada logró robar el protagonismo al acusado con sus sorprendentes comentarios. Ángela Murillo hizo uso de su potestad para plantear preguntas a los acusados y emplazó a Otegi a decir si condenaba "rotundamente" la violencia. "No voy a contestar", respondió el dirigente abertzale. "Ya sabía yo que no iba a responder", replicó Murillo."Y yo que iba a hacerla (la pregunta)", remató Otegui. Pese a este precedente, Murillo volvió a formar parte del tribunal que juzgó al independentista vasco por el intento de reconstruir Batasuna a través de la organización Bateragune. Ni la Audiencia Nacional, ni después el Supremo y el Tribunal Constitucional admitieron la recusación que Otegi planteó contra la jueza. Todas las instancias judiciales coincidieron en que Murillo no estaba "contaminada" porque su imparcialidad quedó en entredicho en un procedimiento distinto, referido a un delito de enaltecimiento del terrorismo. Así, Murillo con el respaldo de los tribunales españoles volvió a juzgar a Otegi, motivo por el que ahora el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condena a España al considerar que con el precedente debió ser apartada del "caso Bateragune". Por aquella causa, Otegi cumplió seis años de prisión y está inhabilitado para ejercer cargo público hasta 2021. El tribunal de Estrasburgo apunta en su sentencia "la forma más adecuada de reparación sería, en principio, un nuevo juicio o la reapertura del caso, a petición de la persona interesada". El dirigente independentista no aclaró ayer sus intenciones y se limitó a sugerir que la resolución podría servir para poner fin a su período de inhabilitación para el ejercicio de cargo público.

El últmo boletín

ETA asumió, en su último boletín interno, en abril pasado, poco antes de anunciar su disolución, la autoría de dos atentados nunca reivindicados. La banda reconoce que en 1974 asesinó a trece personas al hacer estallar una bomba en la cafetería Rolando, en la calle del Correo, en Madrid, frecuentada por policías. La banda asume también el asesinato en 1981 de tres jóvenes que vendían fascículos para aprender euskera. La banda reconoce haber matado a 758 personas en sus atentados, alrededor de un centenar menos de las que le atribuyen el Ministerio del Interior y las asociaciones de víctimas