El Gobierno quiere una reforma rápida de la Constitución que permita reducir los aforamientos de los representantes políticos para limitar la protección frente a posibles demandas judiciales a aquellos asuntos relacionados con su cargo y queden fuera los de índole privada.
El presidente Sánchez lanzó la propuesta en un acto para conmemorar sus cien días la frente del Ejecutivo. La iniciativa compromete de forma especial al PP, cuyos votos son indispensables para reformar la Carta Magna, por la mayoría absoluta de que goza en el Senado, y cuyo líder, Pablo Casado, se acogió a su condición de diputado para eludir la posible imputación por su máster. Casado está pendiente de una decisión del Tribunal Supremo para ser investigado por los delitos de prevaricación y cohecho impropio.
Tras un semana en la que Pedro Sánchez acusó el golpe sorpresivo de Ciudadanos y se vio obligado a hacer pública su tesis doctoral, el presidente intentaba recuperar la iniciativa política con un acto para realzar el tiempo simbólico de sus cien días de gobierno. Bajo el lema "Avanzamos", en la Casa de América, en Madrid, se concentró ayer la línea ejecutiva de la política, una amplia representación empresarial, gente del mundo de la cultura, el espectáculo y los medios.
Fue la oportunidad para un anuncio inesperado como la propuesta de suprimir los aforamientos, que ahora dan cobertura ante demandas judiciales a unas 250.000 personas en España. Pero no todas se verían afectadas por la modificación que impulsará el Gobierno, de la que quedará excluido el Rey y su familia, jueces, fiscales, Defensor del Pueblo o Tribunal de Cuentas.
Diputados y senadores tampoco perderían del todo su actual protección, que quedaría restringida a asuntos relacionados con su cometido público. Los cargos electos de las comunidades autónomas no estarían afectados, aunque si prospera la modificación constitucional resultaría difícil que iniciativas similares no encontraran hueco en los parlamentos regionales.
El obstáculo del PP
El procedimiento para la modificación comenzaría con la aprobación por el Consejo de Ministros de un anteproyecto de Ley para la reforma de la Constitución, tras recabar informes al Consejo de Estado y al Consejo General el Poder Judicial.
Sánchez considera que el procedimiento podría completarse en sesenta días si hay consenso entre los grupos. La reforma se hará por el procedimiento ordinario, lo que requiere la aprobación de tres quintos del Congreso y del Senado: 210 de los 350 diputados del Congreso y 160 de los 266 senadores.
Para obtener el apoyo necesario en la Cámara Baja bastaría con sumar los 30 diputados de Ciudadanos -algo muy probable porque el partido de Rivera siempre defendió suprimir los aforamientos- a los 180 votos que se sumaron a la moción de censura contra Rajoy.
Sin embargo, en el Senado la iniciativa no prosperaría sin el respaldo del PP, sobre el que el Gobierno pone con esta medida el foco por partida doble. Por un lado, los populares se muestran reacios a tocar la Constitución y, por otro, su líder, Pablo Casado, buscó los beneficios del aforamiento para eludir hasta ahora una imputación por la vía ordinaria en la causa judicial abierta por los másteres de la Universidad Rey Juan Carlos.
La primera reacción del PP fue muy poco receptiva a la iniciativa del Ejecutivo. Tras la reunión del comité de dirección del partido, su secretario general Teodoro García Egea, calificó la propuesta de Sánchez de "cortina de humo" orientada a encubrir un "pacto oculto" para facilitar que los "golpistas catalanes escapen" del Tribunal Supremo. Pese a ello, García Egea afirma que el PP está "de acuerdo" en abordar la supresión de los aforamientos.
Ciudadanos se arroga la propuesta de Sánchez como un triunfo propio. Suprimir los aforamientos es una de las principales banderas políticas de la formación naranja, que incluyó la medida en los pactos de investidura de Mariano Rajoy y de la presidenta andaluza Susana Díaz.
En el primer caso, Cs reclamó infructuosamente su cumplimiento al PP, que siempre se amparó en la dificultad de una reforma constitucional para no satisfacer su compromiso. En Andalucía, el incumplimiento fue una de las justificaciones para retirar el apoyo a Díaz, lo que precipitará la celebración de elecciones. Albert Rivera, quien ayer vaticinaba que el asunto de la tesis doctoral de Sánchez "sigue vivo", atribuyó la iniciativa del Ejecutivo a la fortaleza de su partido y, sobre todo, a la presión de la sociedad, que "está harta de privilegios".
El Congreso de los Diputados debatirá hoy una propuesta de Cs para suprimir la protección de cargos públicos en materia judicial. Podemos quiere aprovechar la ocasión para una reforma más amplia de la Constitución que suprima la protección al Rey e incluya, entre otros aspectos, el derecho de autodeterminación.
