La defensa pide liberar a los presos soberanistas tras rechazar la rebelión los jueces alemanes

La Generalitat y las defensas de los nueve líderes soberanistas encarcelados quieren utilizar la resolución de los jueces alemanes denegando la extradición de Puigdemont por un delito de rebelión como palanca para dar un giro al proceso judicial. Los abogados anunciaron ayer su intención de reclamar al Tribunal Supremo que revise la situación de sus defendidos a la vista del fallo de la audiencia de Schleswig-Holstein, que autoriza la entrega a España del expresidente catalán solo por un delito de malversación, e instan a la nueva Fiscal General a modificar su posición a la vista de la decisión de la corte alemana.

El primer paso de las defensas será pedir la próxima semana que los líderes soberanistas, ahora en prisiones catalanas, salgan en libertad provisional. "No hay ninguna probabilidad de que esto acabe en una condena por rebelión", afirmó ayer en rueda de prensa, junto al restos de los abogados, Andreu Van den Eynde, quien se ocupa de defender a Oriol Junqueras y Raül Romeva. Por ello emplazan a la Fiscalía a efectuar una "relectura más prudente" de la prisión preventiva y de la imputación por rebelión. Los letrados reconocen que el fallo de la corte alemana carece de "repercusión directa en términos legales", pero, en el "nuevo contexto" que se abre tras el reciente relevo, el ministerio público tiene una "oportunidad para revertir el desprestigio que supondría mantener una acusación desproporcionada". En la misma línea, la consellera de Presidència y portavoz del Govern, Elsa Artadi, afirmaba ayer que la decisión de la justicia alemana propicia un "buen momento" para que la Fiscalía modifique la calificación de los delitos.

Mientras el juez Llarena sopesa la posibilidad de renunciar a la extradición de Puigdemont, por las limitaciones procesales que impone el fallo de la audiencia de Schleswig-Holstein, la Fiscalía alemana trabaja en preparar las "condiciones organizativas necesarias" para hacer efectiva su entrega a España.

Pese al revés judicial de Alemania, el Gobierno defendió ayer la eficacia de la euroorden para agilizar las extradiciones y acusó al PP de "alinearse con algunas posiciones europeas que nosotros no compartimos de ninguna de las formas", según la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, por pedir la suspensión del espacio Schengen, que garantiza la libre circulación de ciudadanos comunitarios.

Como expresidente, Puigdemont tiene ya habilitada una oficina en Barcelona, al frente de la cual estará el historiador Josep Lluís Alay, que viaja con él en el momento de su detención en Alemania, en marzo pasado.

El antiguo jefe del Govern pidió ya al Supremo que anule el auto por el que el juez Llarena, quien lo declaró en rebeldía, lo suspende de todo cargo público, decisión que, sostiene, solo puede adoptar el Parlament.

El presidente de la Cámara catalana, Roger Torrent, recibió ya la notificación de la suspensión de cargo público al expresidente y de otros cinco diputados encausados por el proceso independentista. La aplicación de la medida de cara al pleno de la próxima semana, cuyo efecto inmediato sería la pérdida de la mayoría por el sector soberanista, divide a los grupos parlamentarios.

En su auto de suspensión, el juez Llarena sugiere que los seis diputados sean sustituidos de forma temporal por integrantes de su propia candidatura para no alterar la mayoría actual de la Cámara, una opción que rechazan JxCat y ERC, las formaciones afectadas. El PSC, que acata la resolución del Supremo, advierte sin embargo que la sustitución temporal de diputados carece de amparo legal, lo que añade incógnitas sobre la aplicación de la medida impuesta por el magistrado del Supremo.

La Cámara se encuentra dividida entre quienes consideran que debe hacerse efectiva la suspensión y quienes defienden que se someta a votación. Cs y el PP consideran que la suspensión es automática, mientras que la CUP y JxCat aseguran que no es de aplicación obligatoria y tiene que decidir el pleno.

El Parlament está a la espera de un informe de los letrados solicitado por la Mesa para dirimir cómo debe ejecutarse la medida dictada por el Supremo.