El Ayuntamiento de O Grove es el único de Galicia salpicado por la 'operación Enredadera' que afecta a más de sesenta municipios de España que han contratado servicios y supuestamente cobrado comisiones por la gestión de multas e instalación de semáforos foto-rojo o radares por parte de la empresa Gespol, una filial del grupo Sacyr.

José Antonio Cacabelos, alcalde socialista de O Grove garantiza toda la colaboración a la hora de poner a disposición del juez la documentación relativa a los contratos suscritos con las firmas involucradas en este escándalo tanto en sus etapas de gobierno como en las de su antecesor, el popular Miguel Pérez.

También se refirió a la operación que lleva a cabo la UDEF de la Policía Nacional el exedil del Tráfico, Alfredo Bea, del Partido Galeguista Demócrata (PGD) para subrayar que el contrato que suscribió para la instalación de dos semáforos foto-rojo y otros dos radares en O Grove en 2013 fue absolutamente transparente y legal a través de una Mesa de Contratación que seleccionó a la UTE formada por Veycar (filial de Gespol) y Bilbomatic entre las tres firmas que se presentaron al concurso.

Cacabelos subraya que aunque O Grove aparece en la relación de Ayuntamientos implicados en esta macrooperación a nivel del Estado, durante el día de ayer no se produjo ningún registro ni tampoco llegó ninguna comunicación oficial. "Me enteré a las dos de la tarde por los medios de comunicación y a esa hora los técnicos no sabían nada, nadie se había dirigido a ellos", afirma el regidor.

El alcalde subraya que colaborará en todo lo que requiera el juez catalán que dirige la operación "Enredadera", pero pone de manifiesto que en la actualidad el Ayuntamiento de O Grove "no tiene relación contractual con la empresa a la que se adjudicó la instalación de los semáforos y radares", pues la concesión caducó en abril y no se le renovó. De hecho, ni siquiera se tomó ninguna determinación sobre el mantenimiento o retirada de los polémicos elementos instalados en la localidad.

Recuerda asimismo que durante la etapa en la que lideró la oposición al gobierno del popular Miguel Pérez se opuso a la utilización de estos mecanísmos de control del tráfico por lo que "a los cuatro meses" de tomar posesión de la alcaldía (en junio de 2013) "se apagaron los semáforos y ya nunca volvieron a funcionar".