La Oficina del Alto Comisionado para la Marca España respondió a las conclusiones del informe de fiscalización al que le sometió el Tribunal de Cuentas, con el que solo coincide en la necesidad de que el Gobierno le dote de presupuesto propio para poder realizar su trabajo. Según el documento de alegaciones presentado por la oficina de la marca ni su director, ni el alto comisionado del Gobierno deben ser considerados "altos cargos", por lo que no están sujetos a las obligaciones que determina la ley y cuyo "incumplimiento" cuestiona el Tribunal de Cuentas.
