Carles Puigdemont anunció ayer su intención de convocar una consulta unilateral de independencia para el próximo 1 de octubre. La pregunta que se les hará a los catalanes es: "¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?". El anuncio, que no puede ser impugnado por el Gobierno -dado que el Ejecutivo catalán no lo acompañó de un decreto de convocatoria-, da respuesta a la creciente presión ejercida por la CUP para que se fijaran ya fecha y pregunta.

La fórmula elegida satisface las exigencias de ERC, que quería que en ella figurara la palabra "república", pero también las del PDeCAT, que exigía otro tanto con el vocablo "Estado". Ambos partidos integran la coalición Junts pel Sí (JxS), con 62 diputados en el Parlament que, sumados a los 10 de la CUP, otorgan el sostén a Puigdemont.

El president revistió de solemnidad su anuncio con una declaración institucional que no le compromete ante los jueces y se presentó arropado por sus consejeros y diputados de JxS y la CUP (de estos, empero, faltaron tres).

Puigdemont presentó su anuncio como fruto del "legítimo derecho a la autodeterminación que tiene una nación milenaria" como la catalana. Las papeletas de voto irán en catalán, castellano y aranés. Y su Gobierno "se compromete a aplicar" el resultado que arrojen las urnas.

También dijo que "toca a los catalanes demostrar que la democracia nos une por encima de las legítimas y saludables discrepancias que caracterizan a toda sociedad madura y convivencial".

Los reproches

Después llegaron los reproches al Gobierno central. Porque la Generalitat ha perseguido el acuerdo con el Estado "de forma reiterada" y ha explicado al "mundo entero" la situación, pero Cataluña está llegando "al final de la legislatura sin ninguna respuesta positiva", se quejó.

Para el president, el marco legal "no impedía" un referéndum acordado, pero el problema es el "no quiero" de Mariano Rajoy, y "con un no quiero no se puede ir al altar", se permitió ironizar.

Y siguió criticando que "todo un sistema político, social, económico y mediático -el del Estado- no tenga ninguna voluntad de participar en la solución de un problema real y profundo".

Igual de duro fue el vicepresidente y consejero de Economía, Oriol junqueras, quien culpó de la consulta unilateral a un Estado "injusto e ineficiente", que "niega reiteradamente" a los catalanes el derecho a decidir y que "violenta los derechos democráticos fundamentales".

Según Junqueras, "el Estado, de forma reiterada, ha negado la posibilidad a los ciudadanos de Cataluña de que decidan su futuro a través de su voto y lo ha hecho en al menos dieciocho ocasiones", informa Efe.

Por la tarde, Puigdemont pidió a los cargos municipales de su partido, el PDeCAT, que estén "activos, movilizados y comprometidos" para colaborar con la celebración de la consulta independentista.