El consejero de Industria y Turismo, Juan Carlos Ruiz, ha presentado este martes su dimisión tras desvelarse que el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, le ha imputado dentro de la Operación Púnica, una trama de corrupción de redes clientelares en la que se habrían amañado contratos a cambio de comisiones.
La trama que tiene su rama principal en la Comunidad de Madrid, también habría realizado contratos en la Región de Murcia a través del Instituto de Turismo. En concreto el titular del juzgado número 6 de la Audiencia Nacional investiga un contrato firmado con la empresa Madiva, propiedad de uno de los principales imputados en la trama, el empresario Alejandro de Pedro, que tenía como objetivo la promoción turística de Murcia en el mercado britanico y cuyo importe ascendía a 24.000 euros.
Durante su intervención este mediodía en la que ha presentado su renuncia al cargo, Ruiz ha explicado que "soy absolutamente inocente y tengo la conciencia tranquila", el ya exconsejero también ha puntualizado que desconoce los cargos que se le imputan y que no va a hacer uso de los servicios jurídicos de la Comunidad.
Sobre la trama que investiga el juez Velasco, ha reconocido que habló con uno de los imputados, el empresario Alejandro de Pedro aunque ha explicado que, "De esta Consejería no ha salido ni un euro para ninguna trama" y ha subrayado su inocencia "soy una perosna honrada, todo el mundo que me conoce lo sabe".
Con respecto a su renucnia en el actual periodo de cierre de acuerdos para gobernar la Comunidad y varios ayuntamientos ha puntualizado que "si el PP hubiea conseguido 45 diputados dimitiría igual, porque lo que quiero es que esto se aclare".
El inicio de la segunda fase de la Operación Púnica, ha dado un paso más en la Región de Murcia con la imputación, este martes, del actual consejero de Industria y Turismo de la Región de Murcia, Juan Carlos Ruiz. Además de Ruiz también han sido imputados en la Comunidad de Madrid el consejero de Presidencia y Justicia de Madrid, Salvador Victoria; los diputados del PP en la Asamblea de Madrid, José Miguel Moreno y Mario de Utrilla y la consejera de Educación, Lucía Figar.
En la Región, la primera fase se saldó con la imputación de la entonces directora del Instituto de Fomento (INFO), Reyes Samper, la directora del Instituto de Turismo, Mariola Martínez , su secretario general, Jesús Galindo y el jefe de gabinete de la Consejería de Turismo, José Fidel Saura. También fue imputado entonces el ex alcalde de Cartagena José Antonio Alonso.
Todos ellos tuvieron que declarar ante el juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso, Eloy Velasco, para dar cuenta de unos contratos con la empresa Madiva, gestionada por uno de los principales implicados, Alejandro de Pedro, y que tenía como objetivo la promoción del turismo náutico en el mercado británico. El importe del contrato objeto de la investigación ascendía a 24.000 euros. El juez también investiga otra propuesta entregada al Instituto de Fomento y que no llego a ser aprobada, cuyo objetivo era la mejora de la reputación de altos cargos de la Comunidad en internet.
El juez Velasco, titular del juzgado número 6 de la Audiencia Nacional donde se instruye el caso, levantará a finales de mes el secreto de sumario, excepto en aquellas gestiones relativas a las comisiones rogatorias internacionales.
