El Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella (Málaga) ha acordado seguir la causa del caso 'Goldfinger' contra 17 personas, entre ellas el exalcalde marbellí Julián Muñoz y el presunto cerebro de la trama de corrupción, Juan Antonio Roca. Sobre el actor Sean Connery y su mujer, al no haberse completado la comisión rogatoria remitida a Bahamas, en la que se pedía, fundamentalmente, la declaración de ambos; vuelve a reiterarla y da un plazo de seis meses para esperar la respuesta y decidir.
En este sentido, el instructor determina, en un auto al que ha tenido acceso Europa Press, que en el supuesto de que transcurra ese plazo y no se ejecute la comisión rogatoria, ésta se dejará sin efecto y se resolverá "lo procedente en relación con el dictado de órdenes internacionales de búsqueda, detención y puesta a disposición, en su caso", del matrimonio Connery. Por tanto, en referencia a Bahamas, se acuerda formar una pieza separada.
Además, se decreta el sobreseimiento provisional de la causa respecto a siete imputados, entre ellos el exsecretario municipal Leopoldo Barrantes; y se insta a comunicar la resolución a la Fiscalía, al Abogado del Estado y a la acusación particular, para que presenten escrito de acusación, solicitando la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa.
En la resolución dictada por el instructor, y notificada a las partes, se realiza un relato de los hechos investigados y se indica que existen indicios de delitos de malversación de caudales públicos, fraude, prevaricación administrativa, negocios prohibidos a funcionarios, uso indebido de información privilegiada, tráfico de influencias, contra la Hacienda Pública, falsedad y blanqueo de capitales.
Este procedimiento se inició por la querella de la Fiscalía Anticorrupción, tras un informe del Tribunal de Cuentas sobre el Consistorio de Marbella. Inicialmente, se investigaban sólo los convenios suscritos por el Ayuntamiento --firmados por Julián Muñoz-- con las sociedades Malibú S.A., propietaria del chalé vacacional de los Connery; y By the Sea, sobre los cuales se sustenta la promoción inmobiliaria denominada Malibú, desarrollada de 2002 a 2005.
La primera fase del entramado que se ha investigado se refería a la supuesta obtención de una modificación de los parámetros urbanísticos para dicha promoción, con 72 viviendas de lujo, "sobre terrenos en los que no era lícita dicha construcción". Según el auto, dichos convenios "habrían sido presuntamente negociados a la baja" por Roca, provocando un "perjuicio" para el Ayuntamiento marbellí.
Para el instructor, hay indicios "suficientes" de que las sociedades que firmaron esos convenios "estaban controladas por los abogados de la firma Díaz-Bastien", dos de ellos imputados. Así, se otorgaron las licencias necesarias para la promoción, "contrarias al planeamiento urbanístico vigente", además de que "aparecen sólidos indicios" de que Roca "continuó favoreciendo los intereses particulares" de una de las empresas firmantes.
Respecto al matrimonio Connery, se apunta que, aunque existen "indicios de la participación del matrimonio Connery en la estructura societaria ideada por el despacho de abogados DB&T" y de que presuntamente podrían ser "partícipes" de ilícitos penales, "sí parece claro que el control de toda esta estructura societaria y de todas las operaciones en las que ha intervenido el matrimonio Connery" se han llevado a cabo por los dos letrados.
En la resolución se recuerda que en un auto de junio de 2010 se acordó tomar declaración en calidad de imputados a ambos a través de comisión rogatoria, "declaración que no ha podido practicarse pese al tiempo transcurrido próximo a los tres años por la falta de ejecución de la comisión rogatoria", según el auto, en el que alude a "la existencia de todo tipo de impedimentos para la práctica de las declaraciones de Sir Sean Connery y su esposa".
