El Consejo de Ministros aprobó ayer el anteproyecto de ley por el que se modifica la Ley Orgánica del Código Penal de 1995, que tiene como novedades principales un endurecimiento de penas para terroristas y pederastas así como mayores medidas de control tras su salida de prisión. La vicepresidenta del Gobierno, Maria Teresa Fernández de la Vega, y el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, presentaron ayer esta iniciativa como "un mensaje a los violentos de que no habrá resquicio para la impunidad", dijo De la Vega.
Por su parte, el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, recordó, en relación a la respuesta a los delitos de abusos sexuales a menores, "los acontecimiento que hace unos mese han conmocionado a la opinión pública" e relación al "caso Mari Luz", así como "el compromiso del presidente del Gobierno hacia una modificación que regulara con mayor precisión y diera una respuesta más contundente a los hechos de pederastia".
La reforma fue pactada con el PP. Estas son las líneas generales del texto aprobado ayer:
Delitos sexuales. Se crean delitos específicos de "abusos y agresiones sexuales a menores" y se introduce una agravante, penada con hasta quince años de prisión, cuando el agredido esté en total indefensión por su escaso desarrollo intelectual y físico y, en todo caso, cuando sea menor de cuatro años. También se crea la pena de privación de la patria potestad, cuando los abusos o agresiones sexuales sobre menores sean cometidos por los padres. Además, cuando la condena sea superior a cinco años de cárcel, los penados no podrán ser clasificados en tercer grado en ningún caso antes del cumplimiento de la mitad de la condena.
Prescripción de delitos. La presentación de una denuncia o una querella contra una persona determinada suspenderá el cómputo de la prescripción, que también se interrumpirá cuando el juez lleve a cabo "una actuación material sustancial" u ordene a la Policía la práctica de diligencias orientadas a una detención. Se incrementa hasta los diez años el plazo de prescripción de los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social.
Libertad vigilada. Los terroristas y los delincuentes sexuales serán controlados después de cumplir su condena mediante la imposición de una serie de obligaciones por un tiempo de hasta veinte años revisables. Estas consisten en estar siempre localizable, no poder acercarse ni comunicarse con su víctima y sus familiares, no desempeñar determinados trabajos que puedan aprovechar para volver a delinquir, participar en programas formativos, seguir determinados tratamientos médicos o utilizar dispositivos de seguimiento electrónico.
Pornografía infantil y prostitución. Se tipifican nuevas conductas como la captación de menores para que participen en espectáculos pornográficos o el ofrecimiento de pornografía infantil. También será delito el hecho de lucrarse con esos espectáculos infantiles. Además, se incriminará la conducta del cliente de prostitución cuando la relación sexual se lleve a cabo con un menor o incapaz.
Asociación de malhechores y corrupción. Se crea un nuevo tipo penal que castiga a quien se agrupa, aunque sea transitoriamente, para delinquir, se introduce el delito de corrupción entre particulares y se endurece el castigo para el cohecho.
Urbanismo. Se perseguirá expresamente a las autoridades y funcionarios públicos que silencien las infracciones urbanísticas, y la tipificación de "obras ilegales o clandestinas" se aplicará también al momento de la urbanización, previo al de la construcción o edificación.
Trata de seres humanos. El delito se tipifica de forma autónoma y será penado con entre 5 y 8 años de prisión. Se trata de castigar la explotación de personas con fines laborales -incluida la esclavitud- o sexuales o para extraer sus órganos corporales.
Acoso laboral. Dentro de los delitos de torturas y contra la integridad moral se introduce la conducta de acoso laboral, descrito como el acoso psicológico u hostil en el marco de cualquier actividad laboral que humille al que los sufre.
Delitos informáticos. Se castigan las conductas consistentes en borrar, dañar, deteriorar, alterar, suprimir o hacer inaccesibles datos o programas informáticos ajenos, así como el acceso sin autorización al contenido de un sistema informático.
Consumo. Se incorpora como figura delictiva la denominada estafa de inversores, incriminando a los administradores de sociedades que coticen en el mercado de valores y falseen sus balances o las informaciones sobre sus recursos, actividades y negocios con el fin de captar inversores u obtener créditos o préstamos.
