El miembro de los Grupos Revolucionarios Antifascistas Primero de Octubre (GRAPO) Fernando Silva Sande (Carnota, 1954)_aseguró ayer en la Audiencia Nacional que en la organización "no se hace absolutamente nada sin la autorización del ´camarada Arenas´", secretario general del Partido Comunista de España Reconstituido --PCE (r)-- y "autoridad indiscutible", según éste, dentro del grupo terrorista.
"Los GRAPO ejecutan lo que les ordena el partido y el secretario general es la autoridad máxima, siempre ha sido así", señaló antes de mostrarse convencido de que ninguna "acción" de la organización terrorista "se hace sin la autorización" de Manuel Pérez, conocido con el alias del ´camarada Arenas´. "Una organización comunista funciona siempre así", explicó
El histórico grapo realizó estas manifestaciones ayer en el juicio de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal por el intento de asalto a la Delegación del Banco de España de Santiago de Compostela que costó la vida el 10 de marzo de 1989 a dos agentes de la Guardia Civil, y con el que dijo no tener "ninguna relación" porque en el momento de los hechos se encontraba "en Francia".
El "camarada Arenas", que se encuentra actualmente en prisión, declaró varias veces en la Audiencia Nacional que los GRAPO y el PCE(r) son independientes entre sí, aunque admitió que su formación "apoya y justifica todas las acciones armadas llevadas a cabo en España" por la band, a la que considera "una guerrilla". En esta línea, el pasado 24 de junio defendió que el atentado cometido en 1999 contra el Valle de los Caídos fue una acción "legítima y antifascista".
Durante la vista de ayer, el fiscal Vicente González Mota elevó a definitiva su petición de sesenta años de cárcel por los delitos de robo con homicidio (treinta años) y atentado con resultado de muerte (treinta años) y pidió que al acusado se le prohíba desplazarse al lugar en el que viven los familiares de sus víctimas hasta cinco años después de su puesta en libertad.
Conclusiones
Según su informe de conclusiones, Silva, junto a los ya condenados por estos hechos Guillermo Vázquez Bautista, María Jesús Romero Vega, Laureano Ortega y otra terrorista ya fallecida, decidieron llevar a cabo una "expropiación" contra la Delegación del Banco de España, que asaltaron hiriendo mortalmente a los guardias Constantino Limia y Pedro Cabezas.
El fiscal cree que Vázquez y Silva Sande se acercaron "de forma súbita e inesperada" a los agentes y luego les dispararon repetidamente "causándoles la muerte inmediata". Después se apoderaron de sus armas reglamentarias mientras el resto del comando --Ortega y las dos mujeres- vigilaba e intentaba sin éxito apoderarse del dinero de la caja fuerte. Como pruebas esgrimió la declaración incriminatoria que Vázquez, la declaración de un trabajador del banco y el hallazgo en un piso de Madrid relacionado con Silva Sande de "las dos pistolas que utilizaban los GRAPO".
