El presidente del PP, Mariano Rajoy, reprochó ayer al jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, que esté "implorando" un comunicado a ETA con el que poder "salvar la cara" de su Gobierno, a pesar de que la banda terrorista le esté "humillando" a él y a "todos los españoles", al reclamar que se cumplan una serie de compromisos que, supuestamente, han sido adquiridos hace meses.

Además, pidió la dimisión del Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, tras la retirada de la acusación de enaltecimiento del terrorismo para el portavoz de la ilegalizada Batasuna, Arnaldo Otegi, y acusó a Zapatero de haber ido "contra la Ley" en este caso.

"Los acontecimientos de España están pulverizando todos los registros", subrayó Rajoy en la rueda de prensa que ofreció en Berlín tras participar en la reunión del Partido Popular Europeo (PPE), donde advirtió que se está produciendo "una crisis en las instituciones de proporciones no menores": "El Gobierno ha actuado contra la Ley. Lo ha dicho la propia Audiencia Nacional, que ha tenido que absolver a Otegi aunque creía que había razones suficientes para juzgarle", resaltó.

Tras subrayar que decisiones de este calado han provocado que personajes públicos tradicionalmente vinculados a la izquierda se hayan manifestado o participado en concentraciones "contra" el Ejecutivo, recalcó que "la soledad del Gobierno es cada vez mayor", puesto que hay "gente digna y libre" que ya no está "dispuesta" a respaldar los pasos que va dando el equipo de Rodríguez Zapatero.

A continuación, sentenció que la situación del Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, tras lo ocurrido con Otegi en la Audiencia Nacional es "insostenible", alegando que ha dejado a un lado su obligación de defender la legalidad para "defender los intereses políticos de un Gobierno".

Sobre las declaraciones del ex presidente del Gobierno Felipe González, quien advirtió que España está inmersa en un debate político de tintes "prebélicos", Rajoy afirmó que él no considera que exista "crispación" entre los ciudadanos, sino entre la mayoría de esos ciudadanos y el Gobierno socialista "que ha roto los consensos básicos alcanzados en la Transición".