La legislatura de la energía

El parque eólico Corme de EDP en la localidad coruñesa de Ponteceso simboliza el pasado, el presente y está por ver si también el futuro del sector energético de Galicia. Empezó a funcionar en el año 2000, cuando la comunidad era todavía pionera en el aprovechamiento del viento como fuente de electricidad. Las instalaciones sumaban 18,3 megavatios (MW) repartidos en 61 aerogeneradores. La Xunta concedió la autorización previa y de construcción al proyecto de repotenciación para sustituir los aerogeneradores primitivos por otros 7 más modernos y productivos en septiembre de 2019 y en noviembre sacó la aprobación definitiva. Con las obras ya hechas, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) tumbó a principios de 2022 ambos permisos y sacudió los cimientos de la tramitación de las declaraciones de impacto ambiental. La Sección Tercera de la Sala de lo Contenciosos Administrativo argumentó que, a diferencia de lo que se hacía aquí y en el resto del país con el análisis de cualquier instalación industrial, los informes sectoriales –aquellos que se solicitan a organismos con potestad en el análisis, como los de patrimonio, aguas o infraestructuras– debían estar listos antes de la exposición pública del proyecto; y, además, no se podía reducir de 30 a 15 días el plazo de recepción de alegaciones, como hizo la administración autonómica.

En pleno acelerón de las renovables para impulsar la transición ecológica y con la creciente batalla de organizaciones vecinales alrededor de la plataforma “Eólica, así non”, el sector volvió a pisar el freno. Como ocurrió tras la decisión del Partido Popular de suspender el concurso eólico del bipartito, convertido en arma arrojadiza en la campaña de las autonómicas de 2009. Como sucedió también por la supresión de las primas a las renovables en 2013 en la reforma energética del exministro José Manuel Soria. Galicia acabó perdiendo el liderazgo en España. En los últimos seis años, desde 2018, la comunidad encendió 568 MW, solo el 7% de los más de 7.600 MW incorporados en España.

La eólica alerta de “un tsunami para las inversiones” por la judicialización de los proyectos

El freno en la evolución de la potencia eólica en Galicia contrasta con la buena calidad del viento y con la enorme bolsa de proyectos pendientes, la mayor de todo el país. Hay 7.200 MW con el acceso a la red eléctrica concedido y casi 1.300 a la espera, según el último balance de Red Eléctrica. Entre ellos se incluyen los casi 2.000 MW de 75 parques visados por la Xunta para cumplir con el calendario de caducidades de los enchufes. Todos arrastran algún conflicto. El movimiento antieólica acumula más de 2.000 recursos y un centenar largo de contenciosos, a la espera de ver qué hace el TSXG ahora que el Tribunal Supremo acaba de anular sus dos decisiones con el parque Corme y fija jurisprudencia: la tramitación se hace como se hizo hasta ahora.

Al Gobierno regional que salga de las urnas el próximo domingo le tocará lidiar con la judicialización de la que hoy es la principal tecnología para independizar a Galicia de los combustibles fósiles. ¿Es la comunidad una potencia renovable? Sí, lo es... pero exclusivamente en electricidad, donde las fuentes verdes aportaron casi el 75% de la producción en 2023. La demanda de hogares e industrias va mucho más allá y la apuesta por la eficiencia no basta. El petróleo, los derivados del crudo y el gas suponen el 70% del mix energético de la región y llega al 80% en años de sequía.

“El parón en la transición eléctrica en Galicia es un obstáculo para la rápida descarbonización de nuestra economía”, señala el Observatorio da Acción Climática de Galicia en su último balance, donde recuerda que las emisiones de gases de efecto invernadero en 2021 fueron un 34% más bajas que en 1990, “pero en 2030 deberían serlo ya un 65%”. “Es fundamental desfosilizar la producción eléctrica y duplicar la electrificación”, añaden.

Al Gobierno regional que salga de las urnas el próximo domingo le tocará lidiar con la judicialización de la que hoy es la principal tecnología para independizar a Galicia de los combustibles fósiles

¿Quién está detrás del movimiento “Eólica, así non”? Se presentan como la unión de 200 plataformas, colectivos y organizaciones que buscan una transición ecológica “ordenada, justa, sostenible y al servicio del pueblo gallego” con críticas al Gobierno Central y la Xunta por haber “abandonado su función pública” para ponerse “al servicio del lobby energético”.

“Llevamos veinticinco años haciendo las tramitaciones ambientales de la misma forma y nunca hubo problemas, y las hacemos exactamente igual que en el resto de las autonomías, no somos diferentes”, defiende la patronal eólica gallega EGA ante las quejas de los opositores y las suspensiones de proyectos por parte del TSXG. El sector recuerda que sin más energía limpia no habrá reindustrialización de Galicia. Con todas las nuevas iniciativas que concurren a captar fondos Next Generatión, incluidas las futuras plantas de hidrógeno, se necesitarán 8.000 gigavatios hora (GWh), muy cerca de lo que produjeron todos los parques operativos ahora mismo en la comunidad. EGA advierte que están en el aire 6.300 millones de inversiones y 14.000 empleos.

En un intento de reencauzar la situación, el actual ejecutivo regional impulsó una nueva ley de aprovechamiento de los recursos naturales que se quedó sin aprobar esta legislatura. Su medida estrella, la sociedad público-privada para la promoción directa de proyectos renovables (Recursos de Galicia) con una treintena de empresas asociadas, sí está en funcionamiento. Un giro de 180 grados en la política energética, tanto en las formas –“Os nosos recursos, ao noso servizo”, promulga–, como en el fondo: participación pública en parques eólicos, hidroeléctricas y hasta minas y la posibilidad de ser comercializadora para beneficiar a los vecinos afectados con precios de la luz más bajos.

El binomio energía-industria y su poder para transformar el tejido productivo de un territorio se ven claramente en la otra, y no menos polémica, vertiente de la eólica. En la comunidad se ha desarrollado en los últimos años un sofisticado conglomerado de empresas especialistas en componentes para parques marinos. La offshore está dando, por ejemplo, una segunda vida al astillero público de Navantia, de donde salieron muchas de las estructuras metálicas de apoyo a los aerogeneradores de Iberdrola en medio mundo o las primeras estructuras flotantes para el norte de Europa.

Atlantic Wind usará la generación de la eólica marina para abastecer de gas renovable a los barcos

Para cumplir los ambiciosos objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), el Gobierno central abre la cesta energética del país a la eólica marina. Los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM) confirman a Galicia como gran epicentro por la riqueza del viento e identifican hasta cinco polígonos aptos frente a las costas del sur de Pontevedra, Ortegal y A Mariña de Lugo. Falta la aprobación de la normativa que regulará las subastas y los criterios de adjudicación de espacios. Y hay ya una docena de proyectos interesados en ubicarse en alguna de las zonas seleccionadas en la comunidad. Las quejas en este caso vienen del sector pesquero por el posible impacto a la actividad. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ya adelantó que los primeros parques de eólica marina en España se asentarán en “aquellos territorios donde hay una voluntad mayor y confirmada de hacerlo cuanto antes”.

La industria junto con la energía nutren el 16,7% del Producto Interior Bruto (PIB) de Galicia. La rama manufacturera no llega ni al 12%, lejísimos del 20% que siempre obsesionó a los diferentes inquilinos en San Caetano. En el año 2000 rozó el 14%. Una parte importante del sector se asoma a la caducidad sin que de momento existan candidatos a relevarlos.

En el naval se mezclan los casos de éxito con los cierres. Alcoa amenaza con cerrar su planta de San Cibrao, la única factoría española de aluminio primario con 1.000 efectivos. La automoción, el gran motor industrial de la comunidad y empleador de casi 16.000 personas, tiene por delante una auténtica reconversión con el salto al vehículo eléctrico. De hecho, todos los fabricantes avisan de que serán menos intensivos en contratación. No es menos sencilla la travesía que le espera al textil y la confección con la cascada de normativa europea para asegurar su sostenibilidad. Las mismas razones que llevaron a Bruselas al cierre de 87 zonas al arrastre, un sector que no levanta cabeza y afronta ahora la digestión de la fortísima subida de los tipos de interés en la fuertes inversiones de las empresas transformadoras. En poco más de 10 años, la pesca perdió uno de cada cuatro trabajadores.

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