Casi la mitad de los alquileres firmados en Galicia este año superan ya los 500 euros

Como derecho básico de los ciudadanos y, a la vez, un negocio de calado, el sector inmobiliario tiene una doble función social y económica. La inversión residencial y el resto de ramas de la construcción suponen cerca del 5% del Producto Interior Bruto (PIB) del país y suman 1,4 millones de trabajadores. “Las condiciones de este mercado, junto con las de los mercados de trabajo y de crédito, determinan el grado de accesibilidad de los hogares a la vivienda, tanto en el segmento de compraventa como en el del alquiler”, recuerda el Banco de España en su reciente informe anual, con una contundente advertencia: los problemas para conseguir un piso o una casa, “además de tener una considerable relevancia desde un punto de vista social, también pueden generar efectos económicos adversos”.

El subidón de los tipos de interés y el endurecimiento de las condiciones de financiación frenaron las transacciones de inmuebles desde finales de 2022, aunque el número de operaciones se mueve todavía en niveles prepandemia. Parte de la demanda de compra se desplazó al arrendamiento, que crecía ya sin descanso desde la gran crisis de 2008 tras el fin de etapa del crédito barato. No aumenta en todos los colectivos por igual. “Los mayores incrementos de la tenencia de vivienda en alquiler se han observado entre los hogares de menor renta y, en particular, entre los jóvenes”, detalla el Banco de España. Ni tampoco se expande de la misma forma por el territorio, con los municipios de las grandes áreas urbanas y las zonas turísticas en cabeza. “Cabe reseñar que el notable aumento de la oferta de vivienda en alquiler ha sido contrarrestado por la mayor presión ejercida por la demanda –señala el organismo–. Este desajuste se ha traducido en incrementos sostenidos de los precios del alquiler desde 2015”.

El miedo a las multas sitúa en máximos las fianzas de alquileres custodiadas por el IGVS

El importe medio en Galicia en aquel momento alcanzaba los 363,1 euros al mes. En mayo se situó en 535 euros y la media en lo que va de año ronda los 531 euros, según la actualización que acaba de publicar el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) a partir de las fianzas depositadas por los propietarios de las viviendas. Los alquileres se están encareciendo un 10% en comparación con el pasado ejercicio, un ascenso sin precedentes que triplica la revalorización salarial negociada en los convenios colectivos de las empresas de la comunidad (3,2%); y acumulan un alza de prácticamente el 50% en los nueve años que van de bum en el mercado.

De los 12.000 contratos de arrendamiento notificados a la Xunta en los cinco primeros meses de 2024, el 0,3% no pasa de 100 euros; el 1,1% está entre 100 y 200 euros; el 7% entre 200 y 300 euros; el 21% va de 300 a 400; y el 25,6% llega a 500. Los de más de 500 euros, que el pasado 2023 concentraban el 40% del total, ahora suponen prácticamente la mitad. El 20% tiene una mensualidad de entre 500 y 600 euros; el 12% entre 600 y 700 euros; los de 700 a 800 euros son el 6,6%; el 3,3% costaban entre 800 y 900 euros; el 1,4% se queda por debajo de los 1.000 euros; y el 2% saltaba ese umbral.

El tamaño del concello no parece influir en el encarecimiento este año. El importe de los arrendamientos en los municipios gallegos de menos de 5.000 habitantes rebota el 8,3%, hasta los 360 euros. En los de 50.000 a 20.000 vecinos merodea los 438 euros, un 8,3% más que entre enero y mayo de 2023. En los de 20.000 a 50.000 supera por primera vez los 500 euros de media después de un alza del 9,1%. En los de más de 50.000 residentes, la subida fue del 8,9%, hasta los 593,7 euros.

A Coruña y Vigo siguen liderando los precios de los alquileres en Galicia con 655,8 y 625 euros, respectivamente, y alzas anuales del 9,4% y el 8,5%. En Pontevedra alcanzan los 600 euros tras un incremento del 7,8%. El avance en Santiago fue del 9,9% (588,8 euros); el 9,4% en Ourense (488,6); el 10,4% en Lugo (484,8); y el 11,1% en Ferrol (474 euros).

El Banco de España señala expresamente “el atractivo de la inversión en vivienda destinada al alquiler” como uno de los factores que mueven el mercado. En el periodo 2015-2022 se situó alrededor del 5,5%, con una tasa del 7% en el inicio de los contratos. “Es importante resaltar que esta rentabilidad no está ajustada por el riesgo que supone el arrendamiento, ni tiene en cuenta los gastos asociados al alquiler que, de acuerdo con lo declarado por los particulares en el IRPF, reducirían dicho rendimiento en unos dos puntos”, señala. Sumando las ganancias patrimoniales asociadas al crecimiento de los precios de la vivienda, la rentabilidad bruta para un inversor particular que haya adquirido una vivienda para destinarla al alquiler llegaría, en términos nominales, al 10,5% de media anual.

En el otro lado de la balanza están los inquilinos. Alquilar en el centro de las áreas urbanas absorbe el 31,1% de los ingresos de una familia e, incluso, se lleva más del 40% para más de un tercio de los hogares en arrendamiento en esas zonas, apunta el Banco de España. Ese sobreesfuerzo afecta al 30,7% de los hogares de alquiler en la periferia y al 22,6% en los que están fuera de las principales urbes.

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