Los impagos en la pesca llegan al juzgado con reclamaciones exprés de proveedores

Compañías afectadas formulan monitorios para intentar acelerar cobros | El sector eleva a una docena ya las empresas en dificultades, que se extienden hasta País Vasco y Murcia

Terminal de contenedores en el muelle vigués de Guixar. |   // MARTA G. BREA

Terminal de contenedores en el muelle vigués de Guixar. | // MARTA G. BREA / Lara Graña

Lara Graña

Lara Graña

En la operativa para que un contenedor de lomos de atún o pez espada viaje desde el puerto peruano de Paita al de Vigo intervienen un enorme abanico de empresas. Cada una de ellas asume un riesgo distinto, en función de su peso en esta cadena –compradora final, entidad financiera, aseguradora...– y de su tamaño: no es lo mismo tener que digerir un impago de 200.000 euros desde la posición de una multinacional que hacerlo como una humilde pyme. Las dos son indispensables para engrasar la maquinaria de la industria pesquera gallega, líder en conjunto a nivel europeo, pero los padeceres se llevan de muy distinto modo.

Como ha advertido FARO durante el último mes, una tormenta perfecta de factores –internos y externos– ha provocado una súbita crisis de tesorería en el sector y ha desembocado, de momento, en dos procesos preconcursales: Fandicosta y Actemsa. Pero también en la judicialización de las reclamaciones: proliferan ya los procedimientos monitorios, que son “fórmulas rápidas de reclamación de deudas”, como explican fuentes jurídicas, de los que están echando mano pymes afectadas por esta situación de falta de caja.

“A mí me tienen literalmente muerto si no me pagan la deuda, que cada día sigue subiendo –expone un empresario afectado–. Sin comerlo ni beberlo, y tengo muchas dudas de poder cobrarla”. En este caso, esta compañía es proveedora de servicios para la importación de mercancía. “Un monitorio –detalla el abogado Ramón Ozores, del despacho On Tax & Legal– no te garantiza nada, pero sí es una fórmula rápida de reclamación y, en su caso, te permite descontarte el IVA”.

El empresario mencionado ha optado por un monitorio; la compradora final no está en disposición de pagarle sus servicios, aunque él sí hizo lo propio con la cadena que tiene detrás. “De este modo –explica Ozores– notificas en el juzgado que se te debe una cantidad. Si no responde, aunque es muy poco habitual, puede dar lugar a un procedimiento ejecutivo con embargos, por ejemplo”. Lo más común es que los monitorios deriven en un procedimiento judicial normal pero, ante un eventual concurso de acreedores, el trámite de notificación de deudas ante la sala del Mercantil de turno ya está cumplimentado.

Contagio

En el momento en que una empresa se acoge a la ley concursal para comunicar el inicio de negociaciones con acreedores –comúnmente conocido como preconcurso– se abre una especie de blindaje temporal durante el cual no pueden prosperar demandas de concurso necesario o acciones en perjuicio de sus bienes y derechos, ya que el fin último de la norma es propiciar que esa empresa en dificultades deje de estarlo. Iniciativas como los monitorios son las que están demostrando hasta qué nivel han capilarizado los problemas de solvencia de grupos pesqueros de referencia.

“Es una cadena –resume un ejecutivo de la industria– que se expande por los vínculos que hay entre empresas”. Este es el motivo por el que, de acuerdo a fuentes de toda solvencia, sean al menos una docena los grupos empresariales en dificultades. Y no solo en Galicia, aunque sí relacionadas con operadoras de las provincias de Pontevedra y A Coruña: los torniquetes en la tesorería se han extendido a una armadora atunera de País Vasco y a dos proveedoras murcianas. La dilación en los plazos de pago a proveedores está bajo la intensa vigilancia de la banca, en franca retirada de operaciones de financiación en el sector.

Atunes y Lomos (Atunlo) es la mayor operadora de España en esta especie, como abastecedora para la conserva y para el consumo final de pescado refrigerado (por congelación en salmuera a -18º). Fuentes de la dirección han apuntado que el preconcurso está en fase de “estudio”. La sociedad, participada a partes iguales por la viguesa Comercial Pernas (Coper) y la vasca Compañía Internacional de Pesca y Derivados (Inpesca) ha contratado los servicios de Deloitte para armar su plan de reestructuración. La misma consultora –con el despacho Garrigues– es la que está asesorando al equipo de Ángel Martínez Varela, presidente de Grupo Fandicosta, para ejecutar el suyo.

En el caso de la factoría de Moaña, el reloj del preconcurso ya lleva dos semanas corriendo en su contra. El empresario ha rechazado al menos una oferta en firme por las instalaciones de Bonfrig Ultracongelados, en terrenos portuarios de Vilagarcía; la propuesta de Frigoríficos del Morrazo y Wofco por el complejo de Domaio continúa sobre la mesa. La primera asumiría la gestión de la logística de frío, y la segunda de la sala de elaborados. Eso sí, después de haber ajustado a la baja la deuda que soporta el holding, que incluye también las firmas Casa Botas, Peixemar y el 50% de la argentina Pesquera Cruz del Sur.

En un encuentro con el comité de empresa, la dirección de Fandicosta ha garantizado el pago de los salarios a la plantilla directa –la sociedad recurre a empresas de trabajo temporal en picos de producción–, aunque, como ya había avanzado Martínez Varela a FARO, no descarta plantear un expediente de regulación temporal de empleo.

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