La subida salarial del 0,5% a los funcionarios costará unos 740 millones de euros

El Consejo de Ministros aprobó ayer el desembolso presupuestario para subir el salario de todos los empleados públicos hasta un 0,5% adicional y con efectos retroactivos desde enero. En el caso de los trabajadores de la Administración General del Estado (AGE), dicho incremento se hará efectivo en la nómina de octubre. La subida salarial busca compensar parte de la inflación en el poder adquisitivo de los trabajadores públicos, en virtud del acuerdo firmado con CCOO y UGT si los precios superaban un determinado umbral.

La ministra de Hacienda y Función Pública en funciones, María Jesús Montero, cifró el coste global de esta medida en el conjunto de las administraciones públicas en unos 740 millones de euros, según afirmó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. De estos, una “pequeña parte” corresponde a la Administración General del Estado (AGE), para la que ya se había reservado un montante en los Presupuestos Generales del Estado de 2023 en previsión de que el IPC armonizado fuera superior al estimado.

Según lo acordado, las nóminas de los empleados públicos se elevaron en 2023 un 2,5% fijo, con la posibilidad de dos subidas variables, de 0,5% cada una. La primera se aplicaría si el IPC armonizado de 2022 y 2023 –hasta septiembre, según el dato adelantado– superaba el 6% y la segunda variable del 0,5% operaría si el PIB nominal en 2023 superaba el previsto por el Gobierno (2,1%). La titular de Hacienda ha resaltado que con esta subida se da cumplimiento al acuerdo alcanzado con los sindicatos, al tiempo que ha reiterado el compromiso del Gobierno de cumplir con la otra subida adicional del 0,5% vinculada al PIB.