Un juzgado de Pontevedra condena a tres bancos por uso irregular de los créditos ICO de la pandemia

El shock del coronavirus fue la gota que colmó el vaso desbordado de las cuentas de Almacenes Celso Míguez, una histórica empresa de distribución de pintura, lacas y barnices de Cerdedo-Cotobade con casi una veintena de grandes tiendas por toda Galicia. Llegó a superar los 15 millones de euros de facturación y el centenar de empleados hasta que en 2018 empezó su particular serie de catastróficas desdichas. Entró en pérdidas, se vio inmersa en un escándalo por presuntos desfalcos internos tras una operación de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil que los juzgados acabaron tumbando –el fiscal remarcó “la dudosa validez de gran parte de las diligencias de investigación practicadas por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Porriño”– y el 14 de diciembre de 2020 acabó pidiendo el concurso acreedores voluntario y anunció el despido de 25 trabajadores, la mitad de la plantilla en ese momento. Solo con la Agencia Tributaria, la deuda superaba los 730.000 euros, como recogió la lista de grandes morosos de 2021 publicada por el organismo.

En la revisión de los últimos movimientos financieros, el administrador concursal que tomó las riendas tras la declaración de quiebra se encontró con la sorpresa de que los créditos del ICO recibidos por Almacenes Celso Míguez como inyección de liquidez para afrontar el impacto de la pandemia se habían destinado realmente a amortizar préstamos anteriores, sin ni siquiera estar vencidos, de los bancos con los que solía operar la empresa. Concretamente, unos 277.000 euros en operaciones con el Sabadell, más de 197.000 euros con el BBVA y 100.000 con Caixabank, las mismas entidades que concedieron los créditos avalados por el Estado. Julio Rafael Fernández Maestre puso los tres casos en manos del Juzgado Mercantil número 3 de Pontevedra solicitando la rescisión de pago por el supuesto perjuicio provocado en la masa activa del concurso (los bienes y derechos propiedad de la empresa) y el posible fraude por saltarse la finalidad “expresamente fijada” por el Gobierno para las líneas de liquidez del ICO vinculadas al COVID-19.

"Mala fe"

El juzgado así lo cree. En tres sentencias que acaba de emitir, el magistrado Manuel Marquina considera que Sabadell, BBVA y Caixabank aprovecharon los créditos con aval público que ellos mismos aprobaron para Almacenes Celso Míguez para asegurarse el cobro de las deudas pendientes, impidiendo que se destinase a abonos a proveedores o la plantilla. Condena a las entidades a devolver las cantidades y, además, aprecia “mala fe” por su parte y reclasifica sus créditos con la distribuidora de pinturas, en liquidación en la actualidad, como subordinados, a la cola en el cobro por detrás de los privilegiados y ordinarios. Los fallos se pueden recurrir ante la Audiencia Provincial de Pontevedra.

Los bancos admitieron que eran conocedores de la “difícil situación económica, financiera y patrimonial” de la compañía, “agravada con la pandemia del COVID-19”, pero aseguran que todas las operaciones se llevaron a cabo “con la conformidad” de los responsables de Almacenes Celso Míguez, sin imponer condiciones. Defienden incluso que trataban de ayudarle y, por tanto, no existe la mala fe.

Los cambios

Sabadell, que tenía póliza de crédito y líneas de confirming con la concursada, remarca que la ampliación de los límites con el aval del Estado suponían en la práctica dar liquidez. “Antes de la firma de la operación y ya acordado el confinamiento derivado del estado de alarma, la concursada habría manifestado la imposibilidad de asumir las condiciones de ese préstamo programado”, esgrime BBVA en lo relativo a su póliza de crédito, cuotas de leasing y otros préstamos concertados con el grupo distribuidor gallego. Caixabank, con la que vía ICO se canceló anticipadamente un préstamo formalizado solo unos días antes, argumenta las mejores condiciones de devolución que se pactaron y que si Almacenes Celso Míguez se encontraba ya en situación de insolvencia, “tendría que haber instado ya entonces el concurso de acreedores”.

Una por una, el Juzgado Mercantil número 3 de Pontevedra rechaza las excusas de las entidades financieras. “El pago realizado por la concursada no fue fruto de la causalidad ni de la intención de los gestores de esa entidad de privilegiar a los créditos de ese banco”, dice Marquina respecto, por ejemplo, a la operación de Caixabank. “Más bien al revés –añade–, todo obedeció a una estrategia diseñada para lograr satisfacer un crédito no garantizado (más que con la ya inexistente insolvencia de la concursada) con los fondos obtenidos a través de un préstamo, concedido por la misma entidad bancaria ciertamente, pero que gozaba con el aval del Estado en su mayor parte”. Concretamente, el 80%. En todas las sentencias, el juez recuerda que las operaciones del ICO buscaban “propiciar la concesión de financiación a las empresas” para “atender gastos corrientes” y, “de ningún modo” que los bancos que concedían esos préstamos pudiesen sustituir los suyos propios.

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