El juzgado fija en 3,3 millones el “precio mínimo” por todo el Grupo Ganomagoga

Un concurso como el del Grupo Ganomagoga podría tardar cerca de un año en resolverse en ciudades como Madrid o Barcelona. Aquí, solo dos meses después de ser declarado, está a punto de abrirse el plazo para que los inversores interesados puedan realizar ofertas en firme por una, varias o todas las unidades productivas en las que se ha desmembrado el conglomerado industrial, con el objetivo de facilitar una liquidación que diversas fuentes del sector consideran “express”. No hay traba judicial alguna y, por si fuera poco, se esperan propuestas de compra por las cinco instalaciones, cuyo “precio mínimo” será de 3,3 millones en su conjunto.

Así lo ha decretado el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Pontevedra, luego de la pertinente valoración realizada por FCH Social y Mercantil, que lleva las riendas del procedimiento que solicitó el pasado mes de marzo la firma impulsada en su día por Cándido González. Según indican desde el bufete, siguen trabajando con la previsión de que antes del 31 de julio estén “prácticamente adjudicados” los paquetes en los que se han distribuido los activos de la compañía. De igual modo, aseguran que los trámites se están llevando a cabo “con gran celeridad” gracias al compromiso de la magistrada Rosario Rodríguez.

Tal como consta en el nuevo auto, se ha establecido un “precio mínimo” de dos millones para la UPA de Talleres Ganomagoga en Areas, especializada en trabajos de calderería y que hasta la debacle de la empresa se dedicaba fundamentalmente a la construcción de tramos para torres eólicas. En paralelo, su centro de Mos (vinculado al mecanizado) se ha tasado en 200.000 euros; mientras que Logistics (transporte), Aplimega (pintura) y Cedval (construcciones navales) partirán con valores de salida de 250.000, 400.000 y 450.000 euros respectivamente.

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La puja comenzará, como ya avanzó FARO, una vez se plasme sobre papel el plazo para recibir las propuestas de compra. Desde que se publique en el Tablón Edictal Judicial Único (TEJU) del Boletín Oficial del Estado (BOE), los inversores interesados tendrán un mes para transmitir las mismas al administrador concursal y durante dicho periodo se concederán tres semanas para que puedan visitar las instalaciones que entren dentro de sus planes.

En cualquier caso, FCH Social y Mercantil se reserva la facultad de “no tomar en consideración” aquellas ofertas que no alcancen el “precio mínimo”, sean de carácter irrisorio o no superen lo que podría obtenerse en una enajenación fragmentada de los activos que componen las unidades productivas, consta en el auto firmado el pasado 31 de mayo, en el que también se refleja que los postores deberán depositar previamente una fianza de 50.000 euros.

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Más de 400 acreedores

Con más de 20 millones de deuda vencida y una crisis que achacó en su momento a la “drástica” caída de pedidos por parte de sus principales clientes, GRI Towers Galicia y Wärtsilä, el siguiente paso para el Grupo Ganomagoga llegará el próximo julio, cuando está previsto que el administrador concursal haya evaluado todas las propuestas de compra y remita su valoración al juzgado, que también contará con un informe de la plantilla en relación a los candidatos mejor valorados para hacerse con las instalaciones de la firma, referente del metal en la provincia de Pontevedra.

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Una vez se transmitan los bienes y se obtenga liquidez para afrontar el vasto pasivo del conglomerado industrial, que reúne a más de 400 acreedores y reparte la mayor parte del importe adeudado entre distintas entidades financieras, el dinero que entre irá destinado en primer lugar a sufragar las obligaciones contraídas con posterioridad al concurso (créditos contra la masa), y tras estas las anteriores (créditos concursales). En esta última categoría se verán beneficiados, por orden, los créditos con privilegios especiales (hipotecarios) y generales (organismos públicos) frente a los ordinarios y subordinados.

Además del precio, cuyo pago “se realizará previa o simultáneamente al momento de formalizarse la escritura de adjudicación mediante cheque conformado o transferencia OMF Banco España”, otros criterios que se tendrán en cuenta a la hora de adjudicar las cinco unidades productivas serán la solvencia de los postores y los empleados con los que se quedarán. En la actualidad, más de 150 trabajadores todavía penden de un hilo, en ERTE y a la espera de saber qué sucederá con sus puestos laborales.

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