Las reclamaciones fiscales suben un 37% en Galicia y más de la mitad tienen razón

Hay que bajar hasta el puesto 31 para encontrar alguna referencia a los impuestos en la lista de los principales problemas que los ciudadanos perciben en España. Es el más importante para el 0,3% de los encuestados, el segundo para el 0,5% y el tercero en relevancia para el 0,5% también en el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente al mes de noviembre, a años luz de la crisis económica (34%) y el paro (31%) y por detrás de otras cuestiones como el aumento de la crispación social, el funcionamiento de la democracia, la administración de justicia o la difusión de bulos informativos. El organismo preguntó más a fondo en el anterior informe de octubre tras el debate generado por la batalla entre comunidades para bajar los tributos bajo su gestión, sobre todo el tramo regional del IRPF y Patrimonio. Cuatro de cada diez personas estaban “muy de acuerdo” en unificar la fiscalidad en todo el país y otro 27% se mostró “bastante de acuerdo” con la idea. La mayoría fue todavía más amplía a la hora de posicionarse sobre una mayor carga fiscal entre los que más riqueza tienen: 52,2% muy de acuerdo y 28,1% bastante de acuerdo. La pandemia obligó a las administraciones a movilizar un volumen de recursos sin precedentes para salvaguardar la salud de la población y el tejido productivo y puso en bandeja la concienciación sobre el papel transcendental que los impuestos juegan en el estado de bienestar, aunque, a veces, se conviertan en una pesadilla para el contribuyente por los múltiples errores que pueden aparecer a la hora de rendir cuentas con el fisco estatal, autonómico y local.

Las reclamaciones vinculadas a tributos ante los tribunales económico-administrativos (TEA) alcanzaron las 212.796 en 2021, un 12,4% más que el ejercicio anterior, muy condicionado por la paralización de la actividad por el COVID-19. “Si bien tuvo su momento más duro en 2020, mantuvo la situación de crisis sanitaria durante el año 2021 –señalan en su memoria– y con ello la necesidad de seguir tomando medidas para adaptarse a dicha situación y mantener las condiciones necesarias para cumplir con la misión de los TEA”. En 13 comunidades aumentaron las quejas presentadas en los TEA, en otra se mantuvieron estables y en cuatro descendieron.

Los españoles se preocupan más por la sanidad, la educación y la seguridad ciudadana

Entre las primeras está Galicia, donde las reclamaciones al tribunal económico-administrativo regional (TEAR) subieron un 37%, hasta las 17.393, la cifra más elevada de los últimos cuatro años. Prácticamente la mitad, el 52%, procedió de A Coruña; el 16% de Pontevedra; el 14% de Vigo; y un 9% en Ourense y Lugo.

Solo le superó Canarias (46,4%) y Cantabria (39,4%). En Melilla avanzaron un 34,2%; un 28% en Castilla-La Mancha; cerca del 22% en Madrid; y el 19,5% en Cataluña. Los cinco territorios con descensos fueron La Rioja (6,8% menos), Aragón (12,1%), País Vasco (20,5%), Murcia (21%) y Ceuta (46% de merma).

No todos los expedientes que entran se finiquitan ese mismo año, aunque el número de resoluciones ha estado muy por encima de las nuevas entradas en los últimos cinco ejercicios. En 2021 fueron, concretamente, 247.646 resoluciones. Los TEA admiten la “especial atención” que prestan “en alejar la resolución de reclamaciones de los plazos de prescripción”. “Lo que originó –añaden– que el número de reclamaciones resueltas aumentara en un 6,18% respecto al año anterior”. Además de “la implicación de todo el personal de los TEA”, el acelerón de los trámites lleva detrás “la progresiva implantación de soluciones tecnológicas que han permitido una mejor gestión del conocimiento y mejoras en la tramitación gestión de las ponencias”. El 44,3% de las resoluciones estimaron total o parcialmente las pretensiones del contribuyente.

A pesar del incremento del 4,6% en los expedientes gestionados en el TEAR de Galicia, las resoluciones se mantuvieron todavía por debajo de las reclamaciones presentadas: 17.117. Sí es mayor que en el conjunto del país el porcentaje de las quejas que acaban con un dictamen del lado del ciudadano en la comunidad. Representaron el 52%, alrededor de 9.000, mientras que otras 7.100 fueron desestimadas y 1.029 se cerraron por desestimamientos, el archivo de actuaciones, la falta de competencias para abordar el asunto u otras causas.

El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) concentra la mayor cantidad de reclamaciones (7.554 en 2021) y también de resoluciones (7.547), con el 43% dando al final la razón al contribuyente. La incidencia de las estimaciones favorables se dispara hasta el 77,4% en Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados –los tribunos cedidos a la Xunta que se abonan por la firma de una hipoteca o la compra de viviendas y coches de segunda mano, entre otros bienes– y el 83,5% en Sucesiones y Donaciones. Ambos superaron el umbral de las 2.000 resoluciones el año pasado, arrastrados por la gran litigiosidad provocada por el desfase entre la valoración del ciudadano a las propiedades declaradas y la que hace la Axencia Tributaria de Galicia para comprobar. De hecho, como ya contó FARO, la Inspección General del Ministerio de Hacienda y Función Pública requirió a la Xunta que adaptase sus métodos de tasación a lo que dicen los tribunales.

En los propios actos del procedimiento recaudatorio, las estimaciones rondaron el 22%;_el 65% en el IVA; el 57% en conflictos con el Catastro; el 52% en Sociedades; y el 73% en el Impuesto sobre el Patrimonio.

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