Después de tres décadas presumiendo de “caso de éxito” imitado en el resto del país, la eólica en Galicia pelea ahora, en plena transición energética, contra “la demonización del sector”. “Si el Día Mundial del Medio Ambiente lo celebramos con una manifestación en contra de una energía renovable, verde, limpia y alternativa como esta, en el actual contexto de absoluta dependencia energética y precios por encima de los 200 euros el megavatio hora, nuestra perplejidad es aún mayor”, lamenta Manel Pazo, presidente de la patronal del viento en la comunidad (EGA), en referencia a la protesta de miles de personas convocada por varias asociaciones bajo el liderazgo de “Eólica si, pero non así” el pasado 5 de junio en Santiago.
“Que ese día, la única movilización en Galicia sea contra una energía renovable –insiste–, es inaudito”. Los promotores ya no esconden el malestar frente a las críticas por una supuesta saturación cuando la potencia instalada en los últimos tres años es “casi nula”. “Estamos en situación de parada y sufriendo una moratoria única en Europa”, reprochan, “con un horizonte igual de yermo” por “la inseguridad jurídica”.
"Que el Día Mundial del Medio Ambiente la única movilización en Galicia sea contra una energía renovable es inaudito"
Pérdida de empleo
El sector aglutinó cerca de 3.500 empleos e impulsó 1.950 en industrias y servicios auxiliares en 2020. Sin parques que levantar, se dejaron de crear otros 1.600 puestos de trabajo, según el informe del impacto económico y social de la eólica elaborado por Deloitte para EGA. “Y a nadie le preocupa, mientras que en otras industrias a punto de perder cientos, todos los agentes sociales y políticos se mueven, incluido el Gobierno de España”, reprochó Pazo ayer, durante la presentación del balance, que evidencia que la eólica en Galicia mueve el 0,6% del Producto Interior Bruto (PIB) regional –el 0,84% si se añade el efecto arrastre en otras actividades–, casi tanto como la minería y la fabricación de productos metálicos.
“El rendimiento es muy superior a las unidades de generación de otros territorios”, recordó Enrique Doheijo, director de la Industria de la Energía en Deloitte. Con la ralentización de las tramitaciones, “parte del tejido industrial echó el cierre o redujo su capacidad”. “Una vez que paras, es muy difícil recuperarlo”, avisa.
Impacto en el territorio
En impuestos, la eólica ubicada en Galicia desembolsó más de 106 millones de euros en 2020 –el único gravamen a 0 fue el de construcciones e instalaciones porque no se construyeron complejos de aerogeneradores– y otros 11 millones fueron para los propietarios de terrenos.
“El sector contribuye a la generación de riqueza en el territorio”, apuntó el responsable de Deloitte, que acredita hasta un 26% menos de pérdida de población en los ayuntamientos rurales con parques frente a resto de los que sufren el invierno demográfico.
Los dos concursos
Una y otra vez a lo largo de la presentación del documento, los promotores reclamaron “responsabilidad política” a los tres partidos que forman el arco parlamentario en Galicia. Tanto el PSdeG y el BNG durante la etapa del bipartito, como el PP tras su vuelta a la Xunta impulsaron concursos para el desarrollo de 2.500 MW. “Hoy, ante una alerta energética y climática demoledora, se oponen”, apuntó Pazo. El sector rechaza estar “a expensas de una planificación año por año” y reclama que “todas las administraciones” dibujen un horizonte de “estabilidad” para asegurar la suficiente carga de trabajo a la industria. Por eso también se revuelven contra la diferenciación de competencias entre Estado –con potestad para los parques de más de 50 MW– y autonomía, una “barrera de tramitación”, dicen, “absurda”.
Por mucho que se hable del hidrógeno verde a medio y largo plazo, “la única tecnología que puede actuar mañana mismo es la eólica”, reivindica el líder de EGA, especialmente preocupado por “la falta de seguridad jurídica” para “los funcionarios que tienen que firmar las autorizaciones”. “Que haya dos o tres sentencias por errores o cinco proyectos de parques que hagan ruido no ejemplifican nada en medio de 250 expedientes en tramitación”, defiende Manel Pazo.
