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Faro de Vigo

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El acelerón renovable de la UE choca en Galicia con el atasco de las tramitaciones

Los parques eólicos en la comunidad tardan entre 4 y 10 años en recibir los permisos | La Comisión Europea se plantea eliminar el informe de impacto en zonas sin afección

Generación de energía eólica. | FDV

Los organismos medioambientales de la Xunta empiezan a pedir a los promotores con parques eólicos en tramitación que incluyan palas negras en los aerogeneradores. Las convencionales de color blanco son casi invisibles a plena velocidad y pintarlas o, incluso, cubrirlas con vinilo oscuro podría, según los primeros estudios, reducir hasta un 70% los choques de pájaros contra los molinos. Parece una solución sencilla, pero no lo es. Al absorber más el calor, la turbina corre el riesgo de desequilibrarse y la mayoría de fabricantes se niega a homologar el sistema. “Es el enésimo cambio que nos estamos encontrando”, se quejan varias empresas del sector, “en el peregrinaje administrativo en Galicia”. Echan en falta “una guía o una ficha” que identifique “claramente” cuáles son los requisitos para evitar sorpresas durante el proceso.

“Ayer era fundamental incluir análisis sobre el estado de la población del lobo aunque en la zona no existieran indicios de su existencia, hoy lo importante son los mosquitos”, cuenta uno de los promotores consultados por FARO. Las idas y venidas entre los órganos sustantivos de la Vicepresidencia Primera y Consellería de Economía y los consultivos del área de Medio Ambiente dilatan los permisos a los parques “entre cuatro y diez años”, dependiendo de la complejidad del proyecto. La media en todo el país son cuatro años y medio. “Algunas comunidades lo hacen en algo menos de dos años y otras tardan hasta ocho años”, señala la Asociación Empresarial Eólica (AEE). Una velocidad inasumible frente al acelerón que la UE acaba de dar a las renovables.

El Repower EU aspira a “reducir rápidamente nuestra dependencia de los combustibles fósiles rusos, seguir adelante con la transición limpia y unir esfuerzos para lograr una energía más resiliente y una verdadera Unión de la Energía”. Además de elevar la reducción de consumo al 13% en 2030, la meta de renovables al 45%, duplicar la potencia solar prevista –con la obligación de colocar paneles fotovoltaicos en todos los nuevos edificios residenciales en 2029– y sumar otras fuentes incipientes al mix, la Comisión Europea reclama la eliminación de trabas burocráticas a las instalaciones.

“Los permisos van lentos en prácticamente todos los países”, apunta Nicolás González Casares, eurodiputado gallego del PSOE y ponente de la futura directiva de renovables que incluirá ese recorte de tiempos. ¿Cómo? Posiblemente con un manual de buenas prácticas para la tramitación y mapas por países que, a imagen y semejanza de lo que ya hizo el Ministerio para la Transición Ecológica en España, midan el riesgo al entorno. La Comisión Europea parece dispuesta incluso a eliminar la obligación de la declaración de impacto en zonas donde no haya afecciones notables al territorio.

“Algo que puede ser incluso contraproducente y entorpecer todavía más algunos proyectos por la amenaza de reclamaciones y la retirada de la capacidad de negociación –advierte González Casares–. Tal como está el panorama, el sector no necesita más litigiosidad, sino acabar con trámites inútiles que hay en todos los países”. El eurodiputado recuerda que, además de los ambientales, “hay otro tipo de impactos que las normas estatales y regionales tienen que fijar”. No hay un plazo determinado para la aprobación, “pero esto sí está dando una señal de que hay que acelerar y los Estados miembros deben caminar en esa dirección”.

Economía se reforzó con 73 efectivos para revisar 275 proyectos con 7.200 MW

En la ventanilla de la Xunta se amontonan en estos momentos 275 expedientes en revisión para otros tantos parques eólicos que suman 7.200 megavatios (MW), casi el doble de la potencia actualmente en funcionamiento: 3.879 MW. No hay mejor prueba del atasco que la decisión del ejecutivo autonómico de aplicar una moratoria de año y medio para la presentación de más proyectos. Insistentemente, el vicepresidente Francisco Conde habla de la necesidad de desarrollar “un modelo eólico garantista”, aunque el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) tumbó recientemente la tramitación de un parque ya ejecutado por incumplir los 30 días de exposición pública y admisión de alegaciones. Y no es el único. De hecho, la Xunta se ha visto obligada a tramitar de nuevo una veintena de instalaciones que estaban en la misma situación. El equipo de revisión de expedientes se ha reforzado con 73 trabajadores.

Un alza limitada y temporal de la producción con carbón

Para asegurar el suministro a pesar de la desconexión exprés de los combustibles de Rusia, la estrategia de la UE contempla la posibilidad de que las centrales térmicas aumenten su producción hasta los 100 teravatios por hora, un 5% más que en la actualidad. Esta, explican desde la Comisión, sería una medida temporal que no se prevé que se extienda más allá de 15 años y que se desvía de la senda de desacarbonización planteada hasta ahora por Bruselas. Europa se apoyará en el carbón como elemento de estabilidad en un momento en el que la mayoría de instalaciones de carbón o están cerradas, el caso de la térmica de Naturgy en Meirama, o a punto de hacerlo, como la de Endesa en As Pontes, que recuperó parte de su actividad en los últimos meses para no depender tanto del gas.

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