Con la enorme presión en la calle de los propios transportistas y de prácticamente todos los sectores afectados por el paro indefinido convocado desde el 14 de marzo por la plataforma díscola del sector, el Gobierno era consciente de que no se podía levantar de la mesa sin un pacto atado con las patronales que sí forman parte del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), incluidas aquellas que, como Fenadismer, no secundaron inicialmente la protesta y decidieron sumarse al plante a pesar del principio de acuerdo alcanzado el pasado lunes para una bonificación de 500 millones de euros en el combustible profesional.
A las dos de la madrugada del viernes y tras una reunión maratoriana de más de doce horas, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, expresaba su satisfacción por llegar “a un entendimiento que ha de ser el punto y final a la conflictividad y al paro que una parte del sector ha venido protagonizando en los últimos días”, fruto del “trabajo formidable y muy intenso” de tres áreas del Ejecutivo –junto con la Vicepresidencia económica y el Ministerio de Hacienda– y los representantes de la CNTC. En un intento claro de desactivar a la plataforma impulsora de la movilización, el paquete de medidas se eleva a más de 1.000 millones, repartidos entre unos 600 millones para abaratar los carburantes, 450 millones en ayudas directas en función del vehículo y nuevas líneas de liquidez del ICO.
“En cualquier negociación, siempre uno quiere más, es lógico. Pero entiendo que es un buen acuerdo y como tal lo tenemos que trasladar a las bases para que sepan realmente lo que hemos pactado”, defendía Carmelo González, presidente del CNTC, convencido de que “sería un sinsentido seguir con el paro”. “No, no hay ningún motivo para mantenerlo”, asumió también Julio Villaescusa, líder de Fenadismer. Todas las medidas entrarán en vigor una vez se apruebe el decreto ley que prepara el Ejecutivo para aprobar en Consejo de Ministros el próximo martes 29 de marzo como parte de su plan de respuesta al impacto económico de la guerra en Ucrania.
La bonificación en el combustible será de, al menos, 20 céntimos por litro, de los que 15 correrán a cargo del Estado y las petroleras aportarán como mínimo otros 5 céntimos. Englobará a la gasolina, el gasóleo, el gas y el adblue. La rebaja se extenderá del 1 de abril hasta el 30 de junio, “prorrogable –apuntó la ministra de Transportes– en función de la evolución de los mercados”.
Las ayudas ascenderán a 1.250 euros por camión, 950 por autobús, 500 por furgoneta y 300 por vehículo ligero –el caso de los taxis, los VTC y las ambulancias–, hasta un tope de 400.000 euros por empresa. Entre las bonificaciones y las inyecciones directas, el ahorro durante los próximos tres meses llegará a los 3.560 euros para camioneros y de 830 euros para las furgonetas, según los cálculos del comité y el Gobierno.
El acuerdo contempla un aplazamiento de hasta 8-10 años de los plazos de vencimiento de los créditos del ICO al sector y seis meses más de periodo de carencia, junto con una nueva línea de préstamos con aval público que tendrán un año de margen para posibles impagos. El presupuesto de los apoyos para el abandono de la profesión se duplica de 10 a 20 millones de euros y sobre la mesa queda el compromiso de presentar antes del 31 de julio un borrador para evitar el abuso en la subcontratación y, como ocurre en la cadena alimentaria, vetar los servicios a pérdidas. Desde el sector recuerdan que toda esta batería de medidas hay que sumar lo recogido ya en el real decreto de mejoras para el transporte recién publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Entre ellas figuran las respuestas a demandas históricas de los camioneros, como la prohibición de asumir las tareas de carga y descarga o una mayor indemnización por los tiempos de espera, además de la devolución mensual –hasta ahora se hacía por trimestre– del IVA.
La cadena agroalimentaria, que en los últimos días intensificó sus llamadas a la negociación por los efectos del paro en el tráfico de mercancías de las granjas, las industrias transformadoras y los supermercados, comparte la misma idea del Gobierno y las patronales. Las firmas de gran consumo, los supermercados, hipermercados y la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas reclamaron después de conocerse el acuerdo “la desconvocatoria inmediata de un paro que ya no tiene ningún sentido y que, cada día que pasa, incrementa sus costes en términos económicos y de empleo para toda la cadena”. Especialmente, sostienen, “para otros sectores que también acusan los efectos de la actual coyuntura”, en referencia al sector primario, la industria, el comercio o la hostelería. Las ayudas “son superiores a las adoptadas en otros países europeos y permiten afrontar con garantías un contexto de máxima complejidad”.
Pero la Plataforma de defensa del sector del transporte de mercancías por carretera no opinaba lo mismo. O así lo quiso hacer ver su presidente desde bien temprano. Casi como un ídolo de masas, Manuel Hernández participó en la concentración de camiones delante del Ministerio de Transportes para reclamar una cita con Raquel Sánchez. “Ojalá que pudiera terminar hoy este paro”, aseguraba Hernández justo antes de sentarse con la ministra, que finalmente aceptó a negociar con la organización convocante. La línea roja era “un compromiso firme y firmado”, dijo, de que los profesionales puedan “por lo menos cubrir lo que nos cuesta trabajar”.
La negociación esta vez no se extendió demasiado. Apenas dos horas y media después, Manuel Hernández anunció que todo sigue igual. Tras la reunión con la titular de Transportes, que era la principal reivindicación en estos 13 días, la cara visible de la plataforma confirmó el mantenimiento del paro. “Seguimos de paro, efectivamente”, señaló Hernández. A diferencia de los mensajes lanzados desde el inicio de la protesta contra las ayudas públicas –varios de los comunicados de la organización llamaron “subvencionados” al resto del sector y a los periodistas–, su presidente no rechaza ahora las subvenciones ofrecidas por el Gobierno. Pero se queja de que “son cantidades que ni siquiera cubren el 50% de las pérdidas que tenemos mensualmente”. “Por lo tanto, bienvenidas sean las ayudas que vengan –añadió–, pero en este caso necesitamos ayudas a la altura de las circunstancias”.
Manuel Hernández alabó el “trato amable” de la ministra, “pero eso no quita que si la reunión no es productiva y no se saca algo en concreto”, no sirva. Raquel Sánchez le trasladó que las garantías se harán efectivas en un “borrador de ley” en los próximos meses y que hasta entonces no puede aprobar medidas transitorias para asegurar el cobro por encima de costes. Expresamente pidió a la plataforma que volviera a la actividad. “Necesitamos una garantía de que si el lunes arrancamos sea sin perder dinero, sin esa garantía nosotros no podemos desconvocar este paro”, insistió.
